La Justicia como trampolín político

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La Justicia como trampolín político

Los sucesivos escándalos de corrupción que envuelven al sistema judicial panameño han vuelto a estremecer a la población que se consideraba curada de espanto. Esta vez, la crisis apunta a una desesperada salida del oficialismo para someter a la clase política y salvar el rostro impresentable al capital financiero, algo que va más lejos de la agenda de gobierno que termina.

La procuradora general, Kenia Porcell, ex integrante del Consejo de Seguridad, utilizó el sitio web de YouTube para colgar y difundir un video el que aseguró que el magistrado Hernán De León fue a su despacho para declararse víctima de un chantaje que haría desplomarse el caso Martinelli. ¿Por qué haría De León tal cosa, en vez de dirigirse a un confesionario?

El relato de Porcell ‒narrado con dramatismo lejos de las cámaras de los canales de televisión y los medios impresos‒ da al vasto auditorio nacional la sensación de estar frente a una sórdida trama de corrupción en la que el país pierde el velo de la confianza y la transparencia, y allana el camino para la alteración del calendario electoral y la extensión del mandato presidencial.

Es improbable que el vago discurso de Porcell sea un testimonio válido para comprobar algún delito, Por el contrario, da un bono extraordinario a grupos hegemónicos dispuestos a someter a los rivales que se disputan grandes negocios y la posición geográfica, bajo el argumento de que en el país falta rectitud para enderezar al aparato judicial desprovisto de toda legitimidad.

Para diversos analistas, el teatro de lo absurdo en el que se ha convertido la Justicia favorece los intentos oficialistas de torcer el brazo al órgano legislativo contestatario, que frenó, hasta ahora, la frívola designación de compadres en la máxima instancia judicial, previamente escogidos por el presidente de la república. Todo  ello apunta a una estratagema con fines aviesos.

Al utilizar a la Justicia como trampolín político, las fuerzas hegemónicas infligen un gran daño a la reputación de Panamá, cuya imagen ha descendido a los niveles más bajos, mientras que se arroja al basurero el antiguo concepto de derecho de Aequitas, sobre equidad, igualdad, proporcionalidad y los principios que deben guiar la facultad discrecional de los jueces.

Los movimientos sociales están obligados a realizar una rigurosa lectura del impacto y trascendencia del escándalo político y los vicios entrelazados con el sistema abyecto que niega Justicia a los pobres y otorga el triunfo de la impunidad a los poderosos. Es un deber patriótico prepararse para enfrentar a los poderes fácticos que ganan otra vez con la confusión y el caos.

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