El capitalismo y el secuestro de la política nacional

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Críticas al capitalismo.

El capitalismo y el secuestro de la política nacional

Por Mario De León
Estudiante de la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá

Hace algunos años atrás Hannah Arendt señalaba que la política se basa en el respeto por la pluralidad, porque ella trata fundamentalmente de la convivencia entre personas diferentes que habitan un espacio común. La familia, en ese sentido, es la negación de la plaza pública en la que se discuten los destinos de la comunidad o el país.

La familia representa -según la pensadora alemana- un refugio, un abrigo para el individuo que se encuentra en una soledad existencial frente a un mundo inhóspito y extraño. Es una especie de fortaleza que nos aísla del mundo exterior. Por lo mismo, el parentesco se configura como una perversión de la cosa pública que anula la consideración por la alteridad, por la diferencia y por lo plural.

Este fenómeno se puso claramente de manifiesto -en Panamá- cuando un porcentaje significativo de los diputados han mantenido el proyecto de ley 51 (sobre educación sexual) detenido, dedicando su decisión a la esposa, los hijos, los padres, los nietos y hasta por su fe religiosa. Desaparecieron los motivos que invocaban a la nación, los ciudadanos, el pueblo soberano.

La política se ha transformado en un frío cálculo personal de costo-beneficio, en una estructura de preferencias individuales donde cada agente evalúa cuáles son los mejores escenarios y decisiones para adquirir más poder, dinero y prestigio. Por eso, es que la política ha terminado siendo dominada por las empresas, que imponen su lógica competitiva y su gen darwinista cuando se dedican a financiar las campañas de aquellos candidatos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir y que además se comprometen a efectuar un retorno incrementado de la inversión.

La política perdió su vocación de servicio público y se convirtió en un oficio de especuladores y oportunistas. “Los papeles de Panamá” han mostrado en este último año cómo existe un vasto entramado entre las principales firmas de abogados, el centro bancario de Panamá, la clase política y los altos ejecutivos del aparato gubernamental. Un fenómeno transversal, del cual los partidos tradicionales (Panameñista, Molirena, PRD, Cambio Democrático, Partido Popular) se han mantenido al margen, por excepción de los partidos en formación y los movimientos sociales como: El Frente Amplio Por La Democracia (FAD), El Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), El Partido Del Amor y La Felicidad (PAF) y El Kolectivo).

En la actual configuración de la Asamblea Nacional de Diputados, lo único que parece consolidado es la influencia del poder económico sobre la mayoría de los diputados. Las reformas electorales que todavía son una agenda incompleta y urgente, consideran una alteración drástica para el financiamiento de campañas, de manera que la subordinación de la clase política a los intereses de las empresas pueda ser revertida o moderada a través de mecanismos de financiamiento democrático. Esos mecanismos combinan un financiamiento público con los aportes de los militantes o personas físicas que deseen contribuir con un monto limitado para determinado candidato o conglomerado partidario. De esa manera, cualquier intento por reivindicar la política, como una actividad que recoja los anhelos y aspiraciones de la población, pasa necesariamente por el fin de la manipulación de las empresas en la vida de los partidos y de la clase política (son los mismos).

A lo anterior, se debería sumar un fortalecimiento de las prácticas de democracia directa en la cual los ciudadanos puedan discutir y tomar decisiones sobre aquellos aspectos que afectan su vida colectiva en temas tan relevantes como: la educación, salud, trabajo, soberanía y seguridad alimentaria, cultura y la construcción de infraestructuras que puedan tener un enorme impacto socio-ambiental. Mientras estos aspectos tan básicos como fundamentales no sean resueltos y superados por el conjunto de los actores políticos, la democracia panameña continuará siendo una “promesa” traicionada, vendida el 20 de diciembre de 1989.