Desde hace varios años, las autoridades ambientales de Panamá han cerrado los ojos para no tener que responder a los ciudadanos sobre la expropiación del patrimonio nacional que alcanza tierras, playas, zonas portuarias, fuentes hídricas y sitios de biodiversidad. Grupos usurpadores vinculados al capital financiero están involucrados en esas acciones e intentan ahora explotar el Parque Nacional Coiba, en el Pacífico.
La denuncia de organizaciones ambientalistas sobre el manejo oscuro de los asuntos relacionados con ese archipiélago, único en el mundo, apunta a posibles nuevos negociados, que las autoridades ambientales se empeñan en negar, aduciendo que Panamá cumple en forma rigurosa las medidas de protección de ese patrimonio natural en el que hay especies endémicas y áreas de gran valor turístico.
En su advertencia publica, los ecologistas revelaron los planes de construcción de una pista para aeronaves sin los adecuados estudios de impacto ambiental, lo que sugiere el desarrollo de hoteles de lujo en zonas protegidas. A su vez, los pescadores artesanales y los dirigentes de comunidades ribereñas han señalado que fueron excluidos de la toma de decisiones en temas vinculados al Parque Nacional Coiba.
El procedimiento de exclusión fue estrenado en las áreas revertidas del Canal de Panamá, donde tierras de alto valor, aguas y costas han sido entregadas en concesión a grupos económicos poderosos, al margen del principio del mayor uso colectivo posible. Ello dibuja perfectamente la política de expolio de riquezas nacionales para arrebatar el suelo por el que murieron las generaciones de panameños valientes.
Coiba podría perder su actual categoría de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que adoptó la Unesco en 2005. El principal obstáculo es la codicia de unos pocos sobre ese tesoro natural. Corresponde al movimiento social reaccionar y detener la política de expolio, con el objetivo de asegurar el bienestar colectivo. En materia ambiental, no puede haber claudicación ni entreguismo ante los intereses foráneos.
El modelo depredador impuesto desconoce el desarrollo humano. En realidad, es una forma encubierta de saqueo bajo el argumento pueril de que van a ser generados muchos empleos. Así fueron devastadas miles de hectáreas de humedales y contaminadas fuentes de agua dulce. Es necesario luchar para impedir que ese patrimonio de Panamá termine usurpado por grupos que atentan contra los intereses del Estado.
