Campesinos exigen justicia territorial en Colón

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Activistas colonenses en la Procuraduría General.

Por David Carrasco
Director de Bayano digital

Moradores de comunidades en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la costa abajo en la provincia de Colón, presentaron hoy en el Ministerio Público una denuncia penal por el acaparamiento arbitrario de tierras en áreas contiguas a proyectos mineros en esa región caribeña de Panamá.

El presidente del Movimiento Despierta Donoso, Moisés García, señaló que el acaparamiento irregular de tierras ha afectado a familias humildes que desde el siglo pasado reclaman al Estado la entrega de sus títulos de propiedad.

En ese sentido, pidió que sea llamado a declarar el director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras ((ANATI), José Gabriel Montenegro, quien debe someterse a la Justicia.

García, un opositor a la minería metálica a cielo abierto, dijo que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, prometió durante una visita realizada a Donoso el 7 de diciembre de 2021 la “titulación masiva“, a favor de la población excluida que carece de títulos de propiedad.

Sin embargo, adujo que tras esa promesa oficial, uno de los beneficiados ha sido Ahmad Mohamed Waked, miembro de una de las familias más acaudaladas en Colón, a quien habrían asignado unas 13 hectáreas en el sector de Quebrada Grande, a un precio irrisorio de seis dólares la hectárea.

En un comunicado emitido este martes, las comunidades campesinas organizadas en el Movimiento Despierta Donoso, en los distritos Donoso y Omar Torrijos, calificaron de “engaño” la promesa de validación del derecho territorial de antiguos habitantes, a quienes se ha ofrecido un precio de 193 dólares la hectárea.

Sobre la base del derecho posesorio, la organización campesina presentó la “denuncia criminal por el delito contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial“, contra todos los que sean identificados como responsables en la investigación penal que debe ser iniciada.

Ante las reclamaciones populares, el gobierno anunció la desafectación de la mitad del territorio del área protegida para que fuese titulada, ya que existe el impedimento de titular áreas protegidas, según la Ley 8 de 3015. El mecanismo de ajuste debía beneficiar a personas que permanecen allí, con antelación al 2009, pero aún no hay resultados concretos.

En 2016, las poblaciones campesinas exigieron al gobierno la titulación masiva en áreas pobladas y en fincas en producción, así como la aplicación del concepto favorable de un gravamen en su título contra la minería metálica por parte del Ministerio de Ambiente.

Debido a la falta de respuestas oportunas, han surgido nuevas tensiones provocadas por los intentos de la expansión minera multinacional y la resistencia de organizaciones campesinas que apelan al desarrollo sostenible en áreas de gran biodiversidad, las cuales podrían ser objeto de despojo en perjuicio de la nación panameña.

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