Bukele desestabiliza a El Salvador, según expertos centroamericanos

El foco de tensión de mueve hacia El Salvador, escenario de una crisis política que amenaza la estabilidad en la subregión.

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Tropas en la Asamblea Legislativa en El Salvador.

(Redacción de Bayano digital)

La decisión del presidente Nayib Bukele, de ordenar a la Fuerza Armada la toma de la Asamblea Legislativa, atenta contra la estabilidad y la separación de los poderes en El Salvador, estimaron analistas centroamericanos consultados por Bayano digital en medio del clima de incertidumbre creado en ese país.

En conversación telefónica con ese medio informativo, la diputada salvadoreña Blanca Flor Bonilla, quien se ha destacado por el desarrollo de iniciativas dirigidas al bienestar de la población infantil y juvenil, reprochó la inusual acción del mandatario y adujo que ello retrotrae a la nación centroamericana a 28 años atrás, cuando de requería la firma de los acuerdos de paz para resolver la crisis.

Bonilla manifestó que hay una violación crítica del orden constitucional y del principio de separación de poderes del Estado, como resultado de la medida de fuerza ordenada por el mandatario para obligar a los diputados a aprobar préstamos internacionales a El Salvador y validar un costoso plan de seguridad.

La parlamentaria aclaró que previamente, en diciembre, la Asamblea Legislativa había aprobado al Órgano Ejecutivo un préstamo por 300 millones de dólares del presupuesto para ese plan, pero adujo que no comparte los intentos de saltarse los procedimientos oficiales y generar acciones de fuerza poco amigables que atentan contra el proceso democrático en construcción.

EL conflictivo procedimiento provocó intranquilidad regional. Ello causó que El Gobierno de Estados Unidos calificase el martes como “inaceptable” la irrupción del Ejército junto al presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa de El Salvador, y manifestó que esa maniobra presidencial “viola la separación de poderes en las instituciones democráticas” del país centroamericano.

Bukele había intentado ganar los favores políticos de Estados Unidos, cuando en 2019 expulsó de El Salvador a representantes del gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro, con el objetivo de reconocer al desacreditado opositor Juan Gaidó. Ello desencadenó una fuerte recriminación de Maduro, quien calificó al mandatario salvadoreño de “pelele” del imperialismo.

El presidente salvadoreño ha amenazado a los diputados con disolver el Legislativo en el plazo de una semana, ante la posibilidad de que no sea aprobado un préstamo para su plan de seguridad, pero encontró el rechazo de embajadas de varios países, organismos internacionales, la Asamblea Legislativa y la Corte Constitucional.

La diputada Bonilla aclaró que la Constitución sólo permite al presidente que adopte medidas extraordinarias, como la convocatoria de los diputados, en caso de una catástrofe nacional, lo que no ha ocurrido hasta ahora en El Salvador.

En cumplimiento de la carta magna, la Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad de la convocatoria de Bukele del Consejo de Ministros en sesión extraordinaria y emitió medidas cautelares que invalidan las medidas tomadas por el Ejecutivo con apoyo de las Fuerzas Armadas y un fuerte despliegue policial.

En ese sentido, la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente “que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos”, lo que a su vez concitó llamados a la cordura y respeto a las instituciones.

Bonilla precisó que en forma irresponsable Bukele convocó a los ciudadanos a presentarse a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación del crédito, que no ha sido avalado porque integrantes de la Comisión de Hacienda aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.

La Unión Europea (UE) expresó preocupación ante las fuertes tensiones y la violación del orden constitucional y llamó a los órganos Ejecutivo y Legislativo de El Salvador a que “resuelvan de forma satisfactoria y pacífica”. Asimismo, aseguró que “el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país”.

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