CONSENSO COPPPAL 2020
NOVIEMBRE 27, 2020
PRÓLOGO
El pasado 12 de octubre, la Coordinación General de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) recibió, analizó, y aprobó en lo general, el documento denominado: Hacia la Construcción del Consenso COPPPAL 2020. Así mismo, dicha instancia de dirección, determinó incorporar algunos temas y enfatizar otros en una nueva versión del documento, con el propósito de ser presentado, para su análisis y votación, en la XXXVIII Reunión Plenaria de la COPPPAL.
En cumplimiento de lo dispuesto, con la participación activa y constructiva de compañeras y compañeros miembros de la Conferencia, que con sus aportaciones enriquecieron el texto anterior, se elaboró el documento CONSENSO COPPPAL 2020 que fue votado y aprobado por unanimidad el 27 de noviembre en nuestra reunión Plenaria. Como todas las versiones anteriores, este documento también es fruto de la convergencia de posiciones de la valiosa diversidad, popular y progresista, que define a la COPPPAL. Es el resultado de la búsqueda del máximo consenso y su finalidad es determinar la hoja de ruta de la Conferencia, compartida por todos los partidos políticos miembros, a partir de mantener principios al tiempo que actualizar contenidos, en el marco de una COPPPAL del siglo XXI.
Este documento reúne en una declaración de once puntos, la visión y la misión de nuestra Organización multilateral, acerca del diagnóstico y de los retos expuestos a partir de la pandemia que nos afecta, así como de las necesarias tareas de reconstrucción derivadas de la situación que afrontamos.
Propone hacerlo bajo las pautas de la democracia social, distantes y contestatarias respecto de los fallidos modelos previos y vigentes, neoliberales, populistas o de liderazgo carismático, cuyas falencias han sido exhibidas con claridad por esta crisis multisistémica, detonada por el COVID-19.
TIEMPOS DE PANDEMIA, TIEMPOS DE REFORMA
Como en todo el mundo, en América Latina y el Caribe la pandemia que padecemos ha mostrado con toda su crudeza las contradicciones multidimensionales del modelo dominante de desarrollo, con sus insuficiencias, simulaciones y perversiones que lesionan nuestro devenir. Por desgracia, hoy se confirma que somos uno de los territorios más golpeados por el COVID-19 a nivel mundial y con mayores dificultades para superar el reto.
El COVID-19 nos encontró con Estados debilitados y economías dicotómicas, servicios de salud insuficientes, tanto en sus capacidades técnicas, como en su cobertura y posibilidades de brindar atención oportuna y efectiva al conjunto de la población.
Ante el duro reto pandémico, nuestra Patria Grande nos descubre más divididos de lo que nuestras proclamas por una mayor integración de América Latina y el Caribe, quisieran reconocer. La lejanía que ha surgido entre nuestros países se observa a cada momento, como es el caso de la reclusión nativista que ha privado al afrontar al Coronavirus, y que exhibe nuestra incapacidad para actuar en un frente común en favor de nuestros intereses.
La Pandemia ha recrudecido la crisis global que se venía padeciendo como resultado de la aplicación de políticas neoliberales, y la dura situación que enfrentan los países en América Latina y el Caribe, así lo confirma. El impacto del Covid-19 rebasa con creces el ámbito sanitario, por eso es imperativo impulsar la solidaridad y la cooperación internacional entre nuestros países.
De la mano del debilitamiento sistemático del Estado social de derecho, creció la desigualdad social que nos polariza, alienta el conflicto interno, y embarga el desarrollo sostenible de la economía, alimenta la inseguridad ciudadana e impide una gobernabilidad democrática eficaz. El Estado abdicó de su rectoría y propició un crecimiento económico mediocre y oligarquizado, inequitativo, rezagado en lo tecnológico e inarmónico con el medio ambiente.
La gran mayoría de nuestras jóvenes democracias se mostraron incapaces de satisfacer las causas y el empoderamiento que demandaba la ciudadanía en cada país.
Las insolvencias del sistema generaron hartazgo entre la gente, que llegó a abrir la puerta a propuestas no democráticas. Nuestros sistemas de partido se debilitaron, cuando no colapsaron, por sus insuficiencias y contradicciones internas; una caída en muchos casos agravada por la persecución política, afirmada en la nociva práctica de Lawfare. Se cedieron espacios ante diversas expresiones de autoritarismo populista, carismático plebiscitario, y aún de corrupción que, entre otros aspectos, impactaron negativamente el manejo de la Pandemia. También se franqueó el paso a versiones que desdibujan la laicidad del Estado e incluso al ascenso franco de la ultraderecha. Unas más, otras menos, nuestras democracias se mostraron incompletas, excesivamente concentradas en lo electoral y poco comprometidas, dispersas, displicentes, ante las tareas destinadas a lograr la democratización del ejercicio del poder, así como a educar a la sociedad en la democracia como un estilo de vida. Edificar una democracia integral no formaba parte de la agenda del Estado disminuido y colonizado por poderes fácticos, ni de esas élites políticas ensimismadas y poco comprometidas con la nación, que detentaban el poder.
No obstante, ahora, en el parteaguas de la Pandemia, América Latina y el Caribe se encuentran en un momento histórico propicio para impulsar un nuevo consenso demócrata social para el desarrollo sostenible, en el cual los partidos políticos retomen su papel de motores de un proyecto humanista, democrático, incluyente, solidario, soberanista, próspero y justo, en el que concordamos.
La COPPPAL desde su fundación ha coincidido en afirmar que no puede imaginarse forma alguna de democracia sin los partidos políticos. Estos son los protagonistas de la lucha política para acceder a nuevos estadios de desarrollo y justicia social.
Para lograrlo, el Estado debe reformular sus acciones frente a la concentración del poder económico, a la judicialización de la política y al poder oligopólico de los medios de comunicación. Un conjunto alarmante de males que ponen en peligro la gobernabilidad democrática de nuestras naciones, alientan el autoritarismo en todas sus manifestaciones y proveen condiciones proclives para los estallidos sociales.
Somos los partidos políticos nacionales, populares y progresistas que integramos COPPPAL, quienes estamos obligados a valorar los escenarios y las respuestas globales y regionales, no solo ahora, sino en la post pandemia, a generar las condiciones de gobernabilidad democrática socialmente justa, a partir de aprender de las lecciones del pasado, liderar y ser partícipes de los procesos democráticos y sociales, y a concertar una estrategia de desarrollo hacia el futuro, que contemple metas deseables y exigibles por los propios latinoamericanos y caribeños, donde la autodeterminación y soberanía es fundamental, así como la cooperación, la complementación y la solidaridad para superar las asimetrías.
Son estos grandes desafíos, los que han históricamente ocupado la agenda de COPPPAL desde su creación. Ellos tienen gran vigencia en la búsqueda de democracias de contenido, de potenciar procesos de integración regional, en el fortalecimiento del principio de autodeterminación, en la defensa de la soberanía y el respeto por los derechos humanos.
El Desarrollo es un proceso integral que no puede escindir la política económica de la política social. Una estrategia de desarrollo sostenible requiere fortalecer la capacidad reguladora y activa del Estado, no puede quedar librada a la espontaneidad de los mercados, ni sometida a la acción predatoria por parte de las corporaciones dominantes que distorsionan con su control el funcionamiento de los mismos. Tampoco puede quedar subordinada a la aplicación de políticas y recetas uniformes diseñadas desde ajenos pináculos de poder o de cualquier otra externalidad, que, a través de organismos multilaterales o países desarrollados, pretenda evitar o subordinar la sanción soberana de los pueblos.
Nosotros en la COPPPAL defendemos el derecho al desarrollo y propugnamos por hacer de él una realidad exigible, un derecho humano inalienable de todos los pueblos, que en tanto que derecho humano es indivisible e interdependiente respecto de los demás derechos humanos, de modo que la denegación de alguno de estos derechos implica la denegación a su vez del derecho al desarrollo.
Se trata de promover legislación y políticas activas para garantizar, desde un piso de bienestar, un camino hacia la igualdad de oportunidades, así como hacia la generación de empleo digno con salarios remuneradores. Diseñar protecciones sociales inclusivas que contemplen el problema de la informalidad y la baja cobertura de la seguridad social. Garantizar pensiones sociales mínimas y seguros de desempleo más amplios. Las herramientas de seguridad social, públicas y privadas, deben respetar los principios de universalidad, solidaridad y transparencia.
Entre otros aspectos, debemos impulsar estrategias de desarrollo productivo para pequeñas y medianas empresas e inversiones públicas, utilizar mecanismos de planificación y concertación socioeconómica para lograrlo, y promover la participación de las organizaciones sindicales y su democratización interna.
Garantizar la integración de las mujeres en el proceso de desarrollo, como agentes de cambio. La participación con igualdad de oportunidades debe promover la eliminación de la brecha salarial basada en el género y en la lucha contra la informalidad del trabajo. Actualizar las legislaciones vigentes para incrementar su participación política mediante el acceso igualitario a cargos electivos y ejecutivos. Por último, combatir con medidas activas de concientización social, la violencia y la opresión que sufren las mujeres en toda la escala social.
Incrementar gradualmente la inversión pública de nuestros países en la educación, para revertir las crecientes inequidades en calidad y en acceso. Combatir el analfabetismo vinculado a las nuevas tecnologías y democratizar su entrada, declarando servicios públicos al internet y a las comunicaciones.
La protección de las soberanías nacionales, la lucha por la descolonización total, así como por la defensa de la integridad territorial y la autodeterminación de todos los pueblos de la región. La ratificación de los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, y Sándwich del Sur, así como el apoyo irrestricto a Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, Statia y Saba, en su lucha contra cualquier acción neocolonial regresiva de sus derechos de autonomía acordados y conseguidos y, desde luego, el apoyo perenne a las luchas por la libre determinación e independencia de Puerto Rico.
Nos pronunciamos contra todo tipo de bloqueo económico, financiero, comercial o de cualquier injerencia o agresión militar externa para resolver controversias internas de los países.
En virtud de la corresponsabilidad que le cabe a los acreedores financieros, disminuir la pesada carga de las deudas externas de los países de la región mediante quitas, canje de deuda por objetivos sociales y reprogramación de servicios, para evitar que la misma obstaculice el desarrollo.
Asegurar el acceso a los sistemas de servicios básicos como agua, cloacas y vivienda y políticas sociales de transferencia de ingresos que garanticen un nivel de vida digno para los sectores más vulnerables.
Dar cumplimiento efectivo a los derechos garantizados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, e implementar políticas públicas para erradicar el trabajo infantil, así como la obligatoriedad de una educación orientada a conseguir una igualdad de capacidades, que facilite la inserción laboral de los jóvenes, a la vez que iguale y libere sus opciones de realización personal y colectiva. Esto último dentro de un marco de acciones específicas orientadas a hacer realidad los propósitos del Programa Mundial para la Juventud de la ONU (1996, 2000, 2007 y 2008) y de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes firmada en Badajoz, España en 2005, en vigor desde 2008.
De igual manera, en América Latina y el Caribe, donde la CEPAL establece que “(…) el proceso de envejecimiento se produce de manera más rápida que en el resto de las regiones, pasando de 70 millones de personas mayores en 2015 a 119 en 2030”, estamos obligados a exigir políticas públicas que hagan cumplir los derechos de los adultos mayores, de acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 46/91) del 16 de diciembre de 1991.
Revertir el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y asegurar a los pueblos originarios el acceso y la propiedad de tierras aptas para el desarrollo humano.
LAS TAREAS POR DELANTE
Estamos convencidos que América Latina y el Caribe, están llamados a ser importantes actores globales en el siglo XXI, y lo serán siempre y cuando el subcontinente logre consolidar su proceso de modernización democrática y, en consecuencia, de integración geopolítica y económica, para así potenciar su influencia a nivel global.
La tarea es formar parte de la inaplazable reforma del sistema político internacional y contribuir a definir la nueva institucionalidad mundial en condiciones simétricas. Para conseguirlo, nuestra América requiere de una voz representativa, compartida, y fuerte, que le permita actuar unida, en favor de sus intereses económicos, políticos y sociales ante la agenda global en construcción.
La gobernanza mundial reclama cada vez más transcursos de asociación entre Estados-nación, que eventualmente puedan caminar hacia procesos de confederación de naciones que, en su unión, sean capaces de ponerse al comando de los procesos globales, hoy en manos de la decisión financiera corporativa. Lejos de seguir debilitando al Estado–nación, lo estratégico es fortalecerlo democrática, jurídica y socialmente en lo interno, y en lo externo, hacerlo a través de propiciar cada vez mayores sinergias de asociación intra e inter continentales.
Otra mundialización es posible, pero conseguirla demanda constituir bloques de Estados-nación que restituyan la fortaleza de lo público y su función rectora del desarrollo en el concierto internacional bajo propósitos sostenibles; esa rectoría que hoy detenta sin contrapesos el capital financiero. De esta manera será posible asistir a un verdadero aggiornamento de la arquitectura multilateral del planeta, tarea apremiante en su calidad de base regulatoria del nuevo orden requerido, bajo criterios de solidaridad, justicia, cooperación, desarrollo compartido y paz, para un desarrollo global sostenible, en los términos de la Agenda 2030.
Las condiciones para una mayor integración de América Latina y el Caribe existen, por eso reiteramos que es necesario ir más allá de lo hasta ahora realizado e incorporar un sujeto activo de su promoción: los partidos políticos populares y progresistas. El capítulo de los acuerdos regionales de carácter comercial ha concluido, es bueno tenerlos como parte de la infraestructura de integración, pero se ha demostrado que por sí solos no han sido capaces ni siquiera de incrementar el comercio intrarregional en nuestra América polarizada y dividida.
Para que su labor pueda ser eficaz, es necesario trabajar en el sustrato ideológico y político de la integración que, como en todo proceso de ese tipo, es el factor que permite la correcta evolución de la práctica tratada. A partir del debate activo de diagnósticos y propuestas en el seno de la COPPPAL, se trata de estimular la CONVERGENCIA de nuestra diversidad, en la elaboración de una agenda partidaria compartida en la materia, que pueda ser llevada a la toma de decisiones de países y regiones.
Ha llegado el tiempo de avanzar por la ruta de los contenidos expresados en este documento, mismos que definen y sintetizan un propósito: la modernización democrática social del discurso popular y progresista que a todos nos reúne.
A través de la activa participación de los partidos políticos progresistas en la COPPPAL, la integración de América Latina y el Caribe es posible en la democracia social. No se trata de concordar en todo, sino de hacerlo en lo fundamental para robustecer la unidad de nuestra diversidad. Por eso, en esta XXXVIII Reunión Plenaria de la COPPPAL, la consigna de vigorizar la CONVERGENCIA de nuestra multilateralidad en la Democracia Social, se realiza en el Consenso COPPPAL 2020.
Nuestros partidos políticos poseen la composición de historia, vigencia y perspectiva, necesarias para abordar decididamente el liderazgo que exige impulsar nuestra CONVERGENCIA y derramar sus consecuencias positivas en la vida política de nuestras naciones. Somos expresión política profunda del continente, a la vez que impulso capaz de articular espacios políticos de futuro. Un ejemplo de ello, es la fuerza de la mujer en su lucha por sociedades más progresistas e incluyentes, en una integración interesantísima en los temas de género.
Los fracasos ostensibles ante la crisis de salud, de las propuestas vigentes en el poder, sean neoliberales, populistas, carismáticas o de franca ultraderecha, abren una enorme oportunidad para lanzar un nuevo marco de acción programática en la unidad de la Democracia Social.
Es momento de definir agendas que deriven en rutas de acción que vayan desbrozando el camino. Actuemos entonces sobre migración, la cooperación internacional para el desarrollo, y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; la necesidad del respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos; sobre la promoción de la paz y la seguridad internacional, y el fortalecimiento de la unidad entre nuestras regiones en favor de un orden internacional más justo, soportado en un multilateralismo actualizado, robusto y eficaz. Superemos el asistencialismo y garanticemos un real desarrollo social, donde el origen de cuna no sea destino obligado y el Estado provea una base de bienestar universal, que permita avanzar hacia la igualdad de capacidades para que, de manera realista, sea posible desembocar en un horizonte de oportunidades para todas y todos.
Hagamos del crecimiento de la clase media, a partir de impulsar la movilidad social de los más desfavorecidos, el mejor indicador de desarrollo social basado en garantizar la igualdad de capacidades y en promover un amplio horizonte de oportunidades para todas y para todos.
Concordemos en dar primacía a las energías limpias y en comprometernos a impulsar una decidida armonía con el medio ambiente, como definición central de un concepto de progreso, renovado, que incluya también el desarrollo de la comunidad y la felicidad del ser humano como prioridad.
Convengamos en desarrollar la infraestructura para conectarnos mejor a través de redes de energía, transporte e información y así entrelazar nuestras cadenas de valor e incrementar nuestra competitividad, haciendo especial énfasis en la estratégica participación de la pequeña y mediana empresa de cada país.
Impulsemos una nueva era de reindustrialización soportada en políticas de racionalización de importaciones con criterios tecnológicos y en condiciones de mercado abierto, como base para superar la dicotómica relación entre motor exportador y motor interno, altamente nociva para el desarrollo endógeno, y modificar también la excesiva dependencia de divisas que estructuralmente daña a muchas de nuestras economías. Trabajemos en favor del pleno empleo.
Es hora de entrar a los grandes temas de la IV Revolución Industrial, determinada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, que está cambiando al mundo tal y como lo conocemos. Es momento que nuestra América deje de ser un actor subordinado tecnológicamente, para comenzar su emancipación en la materia y, por esa vía, refrende su camino soberano, al pasar de la manufactura a la mentefactura. Debemos estar muy atentos a los previsibles procesos de relocalización norte-sur de las cadenas de valor estructuradas este-oeste, para aprovechar esta circunstancia en la lógica antes comentada.
Es la hora de construir democracias completas e integrales, no sólo electorales. Debemos avanzar de manera decidida para garantizar el ejercicio democrático del poder a través de revisar el régimen político, para fortalecer el sistema de partidos, mejorar la representatividad política, la trasparencia y la rendición de cuentas y los pesos y contrapesos al Poder Ejecutivo, así como impulsar el empoderamiento de la ciudadanía y garantizar la inclusión y el respeto a la diversidad. En síntesis, es momento de robustecer a la República y hacer de la democracia una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Ha llegado la hora de consolidar la edificación de la República de la Democracia Social en América Latina y el Caribe.
Trabajemos en el fortalecimiento del Estado de derecho, garanticemos la eficacia social de la Ley y sigamos combatiendo toda forma de judicialización de la política o de politización de la justicia. Frenemos la guerra jurídica, desterremos la práctica del Lawfare de nuestra América. Cerremos los espacios a la impunidad y hagamos crecer la garantía y la certeza de justicia hacia la ciudadanía. Defendamos el principio de no intervención en los asuntos internos de nuestros países.
Tenemos desafíos enormes por delante, Latinoamérica y el Caribe deben diseñar un camino común y compartido. Es imperativa la necesidad de converger para fortalecer nuestra posición ante la nueva reconfiguración geopolítica del mundo. Nuestra soberanía política está llamada a cautelar los más importantes recursos naturales, geoestratégicos y humanos, para el desarrollo sostenible de nuestra joven demografía y sus crecientes necesidades de formación. Unidos en la CONVERGENCIA seremos más fuertes para lograrlo.
La COPPPAL está llamada a ser el foro de CONVERGENCIA del progresismo político latinoamericano y caribeño, a través de la inclusión participativa de todos sus partidos miembros. Desde los partidos políticos populares y progresistas de América Latina y el Caribe, una mayor y mejor integración es posible.
COPPPAL CONSENSO 2020
Hace poco más de 30 años se acuñó el término Consenso de Washington que sirvió de emblema a la instrumentación del modelo neoliberal hoy en franca crisis. Sus promotores argumentaban que las economías de entonces, lastimadas por fuertes crisis financieras y presupuestales, con independencia de sus ideologías, estaban obligadas a poner en práctica las políticas de ajuste y cambio estructural recomendadas por dicho Consenso, si querían salir de sus crisis, evidentemente con el visto bueno del FMI y demás organismos financieros y reguladores multilaterales.
Después de la Gran Recesión iniciada en 2008, que cuestionó las capacidades del modelo neoliberal para garantizar la marcha de la acumulación de capital a nivel mundial, en un contexto de depredación ambiental y de extrema desigualdad entre familias, regiones y países, generado a lo largo de esos poco más de 30 años de neoliberalismo, la pandemia actuó como un catalizador de los efectos negativos de ese modelo, propiciando un grito de basta, que convoca a la Reforma.
Ha llegado la hora de impulsar un nuevo consenso: el consenso progresista demócrata social, acorde con los principios de libertad, justicia, igualdad y solidaridad, propios de la democracia social, y en sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible definidos por la Agenda 2030, que rechace la imposición de injustos bloqueos y la aplicación arbitraria de medidas coercitivas y unilaterales, que violan la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional en medio de pandemia.
Es la hora de que el progresismo de América Latina y el Caribe proponga un nuevo consenso para guiar los destinos de la Patria Grande. Es el momento de que la COPPPAL, en su carácter de foro del progresismo de nuestra América, trace en CONVERGENCIA los contenidos del Consenso 2020 para el Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Es momento de actualizar el marco programático de la Conferencia a partir de los siguientes objetivos y líneas de acción, para su reflexión y desarrollo:
- Un nuevo pacto demócrata social, la gran tarea de construcción política. Debemos trabajar para lograr democracias completas en América Latina y el Caribe, a partir de robustecer las reglas de ejercicio democrático del poder, y en paralelo mantener la certidumbre en las reglas de acceso al poder. Enfatizar el empoderamiento ciudadano junto con el fortalecimiento del régimen de partidos y el impulso a la conformación de un nuevo contrato social que soporte la restitución de la República social y democrática de derecho, como gobierno del interés general. Un gobierno que surge del reparto equitativo de las cargas entre quienes las soportan, de la autonomía y sano equilibrio entre poderes, y de la garantía de plena inclusión ciudadana en la toma de decisiones, en el disfrute del bienestar social y en el respeto y promoción de sus derechos. Democracias sociales completas, plenas e integrales para América Latina y el Caribe.
- Nueva economía sostenible para afrontar los desafíos. Edificar un modelo de desarrollo sostenible que tenga en el centro de sus prioridades al ser humano y al medio ambiente -consciente que la crisis climática y el deterioro ambiental del planeta son factores que propician el surgimiento de nuevas enfermedades y agravan la crisis del sistema- e impulse una prosperidad compartida entre familias, regiones y países, sobre bases de cooperación y asociación de propósitos, con consejos económico sociales tripartitos, que opinen las políticas públicas de manera previa a su aplicación. Que sea capaz de renovar su compromiso con el pleno empleo, con el concurso de la representación de los trabajadores y del fomento y protección a la pequeña y mediana empresas. Una economía abierta al comercio libre y justo, que impulse un mercado de instituciones alejado del libertinaje, nunca por encima y siempre en armonía de las disposiciones que dicte el interés general de la República, en su rectoría en favor de alcanzar el desarrollo sostenible. Una economía que tenga en sus prioridades fortalecer las finanzas públicas para soportar con eficacia el desarrollo social y ambiental, demandado. Vamos por una Igualdad Verde que cambie el rostro de América Latina y el Caribe, hacia una cada vez mayor prosperidad compartida.
- Estado promotor, solidario y garantista. Restituir el papel del Estado como garante de la ampliación de los bienes públicos a partir de fortalecer las finanzas públicas. Impulsar la universalidad de la seguridad social, la salud y la educación, así como de la alfabetización digital y del acceso al internet. Crear una base de bienestar social que permita acabar con la pobreza extrema y el hambre e impida que el origen de cuna sea un destino obligado, y en paralelo avanzar hacia la igualdad de capacidades e inducir un horizonte de oportunidades para todas y para todos, en especial para los más postergados, hasta situarlos en los espacios sociales propios de las clases medias: alimentación adecuada, vivienda digna, trabajo registrado, salud, educación y previsión social, y así hacer del crecimiento constante de la clase media, el mejor indicador de desarrollo social. Junto con la erradicación de la pobreza infantil, avanzar en el cumplimiento efectivo a los derechos refrendados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la ONU. De igual manera, trabajar para garantizar oportunidades reales de vida para cada joven en los términos del Programa Mundial para la Juventud de la ONU y de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Asegurar la atención a las necesidades de los adultos mayores en las políticas públicas de acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. América Latina y el Caribe deben dejar de ser la tierra de la desigualdad social más grande del planeta y hacer de la solidaridad social su destino manifiesto, ese es nuestro compromiso.
- Estado social de derecho confiable, justo y eficaz. Fortalecer el Estado de derecho e impedir la judicialización de la política o la politización de la justicia en todas sus formas y desterrar la práctica del Lawfare de nuestra América. Neutralizar toda acción de colonización de las instituciones judiciales por intereses creados, individuales o de grupo, para asegurar que la esfera judicial del gobernado constituya no sólo una detente contra la impunidad, y por tanto contra la corrupción, sino un espacio de garantía de justicia y seguridad para la ciudadanía. Logremos el desarrollo democrático y socialmente justo de América Latina y el Caribe, con el ordenamiento de instituciones jurídicas firmes, ciertas, expeditas, transparentes e imparciales que garanticen la independencia y colaboración entre los poderes, con acceso para todos, en igualdad de condiciones.
- Hacia la soberanía tecnológica de América Latina y el Caribe. Promover la reindustrialización de América Latina y el Caribe bajo un modelo que racionalice importaciones en condiciones de mercado abierto y de endogenización tecnológica, para superar la dicotómica relación entre motor exportador y motor interno, así como la estructural dependencia de divisas, y poder pasar de la manufactura a la mentefactura, para incorporar a nuestra América en la IV Revolución Industrial. Vamos por la soberanía tecnológica, la nueva independencia de América Latina y el Caribe.
- Soberanía alimentaria desde la defensa del medio ambiente y la organización de productores. Garantizar la soberanía alimentaria en armonía con el medio ambiente y la organización de pequeños productores para satisfacer mercados regionales y locales e impulsar la autosuficiencia de los hogares urbanos induciendo pequeñas producciones propias, en la materia. Impulsar prácticas agroecológicas que provean de alimentos sanos, suficientes, producidos en armonía con el medio ambiente y en la digna prosperidad de sus productores.
- Energía sostenible e infraestructura para todos. Dar primacía a las energías limpias en decidida armonía con el medio ambiente e impulsar el desarrollo de la infraestructura que nos conecte mejor a través de redes de energía, transporte e información para entrelazar nuestras cadenas de valor e incrementar nuestra competitividad, haciendo especial énfasis en la estratégica participación de la pequeña y mediana empresa de cada país. Por una integración verde de América Latina y el Caribe con energía limpia y redes de soporte compartidas.
- América Latina con rostro de Mujer. En la contienda por el empoderamiento de la mujer y por la eliminación de toda opresión patriarcal en todos los ámbitos del marco social, continuar la lucha por la paridad total de género y el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. Actuar contra la violencia machista en el hogar, en los servicios sociales y en los espacios públicos y de trabajo. Asegurar salarios iguales a trabajos iguales y un trabajo digno, estable y seguro para las mujeres. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos contra la justicia patriarcal y el reconocimiento legal y social a comunidades amorosas/afectivas que se construyen por personas disidentes. Sin la paridad total de género, la lucha por la igualdad social no sólo estaría incompleta, habría fracasado antes de triunfar.
- Por una América Latina y un Caribe con libertad para todos. La migración es un derecho humano que se verifica con cada vez mayor dinamismo e intensidad en toda la región, en especial durante la pandemia y lo será aún más en la etapa de apertura de fronteras y relajamiento del aislamiento entre países. Es necesario lograr un estatuto de migración basado en el respeto a los derechos humanos, la adecuada integración de la fuerza laboral migrante, así como en la recepción de las familias, en especial de los niños al sistema escolar. La COPPPAL, reitera su repudio más firme al colonialismo en todas sus viejas y nuevas formas, donde asume que ningún país nuestro será verdaderamente libre si no lo son todos los pueblos latinoamericanos y caribeños. Por una migración reconocida y atendida como un derecho humano y por una América Latina y un Caribe, libres de coloniaje en cualquiera de sus formas.
- América Latina y el Caribe, actores globales de la nueva arquitectura del siglo XXI. Es imperativo avanzar en la unidad de nuestra Patria Grande, a partir de impulsar la CONVERGENCIA de posiciones, para ser parte activa de la inaplazable reforma del sistema político internacional y contribuir así, en condiciones simétricas, a definir la nueva institucionalidad mundial con base en un multilateralismo renovado, justo e inclusivo, que sea fiel reflejo de la actual composición del mundo. Requerimos tener una voz compartida, representativa y fuerte para actuar unidos en favor de nuestros intereses ante la agenda global en construcción, comenzando por asegurar la incorporación en ella de nuevos bienes vitales mundiales, como, por ejemplo, el derecho a la vacunación universal contra el COVID-19. Debemos promover cada vez más transcursos de asociación entre Estados-nación, en favor de la ya mencionada actualización de la arquitectura multilateral del planeta como base regulatoria del nuevo orden requerido, bajo criterios de solidaridad, cultura de la paz, cooperación y desarrollo compartido, para un desarrollo global sostenible, en los términos de la agenda 2030. La COPPPAL es un gran foro progresista para impulsar estas tareas, pongamos manos a la obra y trabajemos también por fortalecer las redes entre sus similares, las organizaciones multilaterales de partidos políticos, consolidando nuestra relación con ICAPP y con CAPP y ampliando esas alianzas interpartidarias hacia nuevas latitudes, entre otras, explorando posibilidades con expresiones progresistas en Canadá y los Estados Unidos, partidarias, civiles y sindicales, así como fortalecer la presencia de la Conferencia con la gran diáspora latinoamericana y caribeña, que reside en esas regiones. Nos pronunciamos en favor de la renovación el fortalecimiento del multilateralismo, así como de la solución pacífica de las controversias y en pro de todas aquellas medidas que alienten el mantenimiento de la paz. Por un renovado consenso demócrata social que impulse la integración de la Patria Grande y conduzca a América Latina y al Caribe, a ser actores decisorios en la edificación del orden mundial del siglo XXI.
- América Latina como Zona de Paz. Defender los preceptos contenidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014, que recuerda que la región fue la primera en declararse libre de armas nucleares, aboga por la solución pacífica de controversias, por el cumplimiento integral e irrestricto de los acuerdos de paz suscritos para la superación de los conflictos armados en Colombia, Guatemala y El Salvador, y resalta la importancia de respetar plenamente el derecho de cada Estado a elegir su sistema político, económico y social. América Latina y el Caribe, |baluarte de la paz mundial.
