Por Arnoldo Videla
Especial para Bayano digital
En estos días, se ha agudizado a nivel nacional, uno de los tantos problemas críticos del agro. Se trata del abuso en la importación de alimentos, apoyada por el gobierno y que perjudica fuertemente a los productores agropecuarios, llevándolos a una parte, tarde o temprano a la quiebra.
Pero este no es el único atropello a los productores, hay decenas de casos. Al respecto, llamamos la atención sobre la situación de algunos centenares de pequeños productores del Barú, que mediante el Contrato Ley 36 de abril de 2017, le otorgó la reactivación bananera a Del Monte (Banapiña). Este contrato incluye la expulsión de estos campesinos que están en plena producción de alimentos para la población de la región.
Este contrato fue aprobado casi por unanimidad por la Asamblea y presentado durante el proceso de aprobación, sin que se analizaran detalles del mismo proyecto, ni de la concesiones que da el Estado, ni los riesgos a la salud y daños al medioambiente bastante conocidos en Panamá (mucho menos señalar atenuantes necesarios debido al uso de masivo pesticidas y tecnologías denunciadas y condenadas internacionalmente).
Sin duda, la expulsión de productores que está por producirse, establecerá un precedente funesto en el país y se sumará a los abusos en contra de comunidades y grupos comunitarios que ocurren en el país y que pasan casi desapercibidos para la mayoría de la población.
Hay que señalar también, que durante el proceso de preparación del proyecto de ley de concesión, los productores, infructuosamente, trataron de establecer un diálogo con autoridades el Gobierno (hubo una sola reunión con el Ministro de la Presidencia A Alemán). Incluyendo previo a la firma del contrato, Cartas Abiertas al presidente Varela y a los accionistas de Del Monte. Ninguna respuesta ni atención. También hay varias demandas pendientes en la Corte Suprema y una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Este contrato ley, contiene muchas incógnitas, riesgos y concesiones estatales; muchos derechos al concesionario y pocas obligaciones. Asimismo, muchas obligaciones del Estado.
Es un contrato que, como los del sector eléctrico, debe revisarse. Tal como está es un retorno al enclave que se trató de eliminar hace unas décadas y que salió malparado del Barú. Ya ni siquiera la población del Barú recuerda lo que significó en términos de daños, la presencia de United Fruit en la región: daba empleo, pero que tipo de empleos… con miles de trabajadores agrarios que aún sufren las consecuencias y secuelas de ese tipo de explotación agrícola.
Una de las preguntas que cabe hacer es si se necesita quitarle las tierras a los campesinos para hacer funcionar el cuestionado proyecto. Otra destacable, si es necesario el control del agua por la empresa Banapiña en la región y Puerto Armuelles, que ya tienen problemas de abastecimiento de agua potable.
Ahora, el gobierno solo hace pequeñas incursiones en los predios de estos productores afectados, tratando de medir áreas cultivadas. Pero la expulsión de productores por la fuerza, cual espada de Damocles, está latente y por producirse. Que ocurrirá y que consecuencias, solo Dios lo sabe.
