Ascensos millonarios para la adiposa estructura de la Policía Nacional

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Hoy, se totalizan más de 360 comisionados y subcomisionados, que corresponden al rango de teniente coronel y coronel.

Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionará público
Especial para Bayano digital

En medio de un escenario contaminado, debido a la pandemia de Coronavirus (Covid-19) y las carencias de la población, resurge en Panamá la falta de seguridad y el cuestionamiento a la labor policial ante el crimen organizado.

A los problemas descritos se suma la notable baja en los ingresos fiscales y un crecimiento económico incierto que alcanza a miles de trabajadores con contratos laborales suspendidos, mientras que los agentes policías se acogen a un manto protector.

La realidad, es que aún en tiempos de pandemia, las unidades de la Fuerza Pública reciben ascensos y aumentos de sueldos. Son los únicos que tienen jubilaciones especiales. De hecho, la Policía Nacional posee una enorme planilla de comisionados y subcomisionados, quienes perciben jugosos sueldos y beneficios extraordinarios.

Esos amentos injustificados de sueldo a los uniformados le costarán al pueblo panameño, a través de sus impuestos y cuotas de los obreros al seguro social, un presupuesto de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

No nos oponemos a los aumentos de sueldo para ningún ciudadano. Pero, la casta privilegiada creada alrededor de las fuerzas policiales representa un insulto, una bofetada a miles de trabajadores que padecen el alto costo de la vida, especialmente en las duras circunstancias que enfrenta Panamá.

Pero no hay duda de que esos aumentos de rango y sueldos a los policías apadrinados y envalentonados, estimulan la posibilidad de se conviertan en fuerzas represoras cuando se produzcan expresiones de malestar social ante la gran precariedad.

Los cuerpos policiales no sólo han crecido desproporcionalmente en número durante los últimos años. En 1972, además de un general y un coronel había 5 tenientes coroneles. Sin embargo, a partir de 2009, inventaron los cargos de ministro y viceministro de Seguridad Pública, crearon 15 comisionados de Policía.

Hoy, se totalizan más de 360 comisionados y subcomisionados, que corresponden al rango de teniente coronel y coronel. Ellos forman parte de una superestructura adiposa y sedentaria, mientras la violencia campea en numerosos barrios.

En 2009, un comisionado ganaba 1.800 dólares. En 2017, su salario base aumentó a 4.300 dólares, más 1.750 por gastos de representación y viáticos, sin incluir los sobresueldos. A partir de enero de 2019, los incrementos fueron de 50 a 150 dólares. Los más beneficiados, tenientes, que pasaron de percibir 1.250 a 1.400 dólares mensuales.

La orden general del día señalaba que 12 subcomisionados migraron al rango de comisionado de policía, 30 mayores ascienden al privilegiado rango de subcomisionado y 30 capitanes pasan al cargo de mayor.

Un total de 393 tenientes ascienden a capitanes, 704 subtenientes al rango de teniente. En tanto, 474 sargentos primeros pasan al rango de subtenientes, 283 sargentos segundos son promovidos a sargentos primeros y 276 de cabos primeros a sargentos segundos, según se refleja en la orden general del día del 30 de diciembre.

Además, 893 con el rango de cabo segundo pasarán a ser promovidos a cabos primero y 960 agentes de policía serán cabos segundos.

Después de anunciar esos ascensos el ministro de Seguridad manifestó la falta de reglas claras para el otorgamiento de ascensos dentro de la Policía Nacional, cuando ya se había consumado la orden de ascensos y los respectivos ajustes de salario.

En atención al hecho de que un amplio sector de la Policía se jubila entre los 45 y 50 años de edad, con el último sueldo (pagado con fondos públicos), es necesario exigir la revisión de ese sistema perverso e insostenible que se convierte en una carga onerosa para la seguridad social.

Esa decisión absurda se suma a lo que numerosos sectores comentan como fuera de lugar en la administración del Estado, cuando urge inmunizar a la población frente a la Covid-19 y garantizar la suficiente cantidad de vacunas para los panameños y panameñas que exigen una Salud Pública de calidad.

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