Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
La solución a la gravísima crisis política, social y económica que vive la República, agravada por la pandemia y el abuso de poder del actual gobierno en medio de tan catastrófica situación humanitaria, no tiene solución o salida por las vías convencionales de una pseudodemocracia, dominada por una plutocracia corrupta y antinacional. El nudo gordiano lo constituye la crisis y el mecanismo más apropiado para resolver la dificultad institucional planteada. De allí, la pertinencia de la interrogante, titular del presente ensayo político.
Veamos el contexto histórico constitucional en que se enmarca la problemática actual: “La Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada en 1978, 1983, 1994 y 2004”. Esta es la denominación oficial. Según uno de los gestores de la norma original, “se orienta hacia la concentración del mayor poder de autoridad en el Órgano Ejecutivo”. El razonamiento explicativo es el de trasladar la facultad que antes tenía el Órgano Legislativo de “expedir el Presupuesto Nacional”. (Vásquez, M. 1982). El doctor César Quintero Correa, apunta que “al ocurrir el golpe militar de 1968 se establece un régimen militar autoritario” y el gobierno norteamericano presiona a los militares a legitimar el gobierno de facto, a objeto de conseguir lo que no había obtenido el año anterior, es decir, la aprobación de los Tratados del Canal, de 1967, conocidos como “tres en uno”. Dice el constitucionalista citado: “ésta fue una Constitución hecha con el fin primordial de que sirviera de instrumento para negociar los referidos Tratados del Canal”.
Ambos criterios han sido corroborados por la historia. La Constitución de 1972 representó el fundamento jurídico para llevar adelante el proyecto descolonizador torrijista, materializado con la firma de los Tratados Torrijos-Carter, de 1977. Cumplido el proyecto de Nación, era necesario modificar la norma constitucional, para adecuarla a los avances socio-económicos y políticos alcanzados por la vía de la más amplia participación democrática de todas las fuerzas de la sociedad. Sin embargo, los “factores reales de poder” promovieron una salida oligárquica-autoritaria. A ello, han tendido las reformas constitucionales de 1978, el acto constitucional de 1983, promovido, este último, por el militar golpista de derecha, que pretendió reeditar la hazaña de José “Chichi” Remón, quien en la década del 50 del siglo pasado trasladó el “poder real” de la avenida “A” (sede de la Comandancia de la Guardia Nacional) al Palacio de Las Garzas.
En este mismo sentido, se refiere el doctor Humberto Ricord: “en aquellos meses iniciales de 1990, se comenzó a hablar de una constituyente, como fórmula política que podría beneficiar al país. Mas la continuidad del tipo de gobierno oligárquico, implementado por varias décadas en Panamá, hasta el presente, anuló esa expectativa…” Con el agravante, dice el autor en su comentario, que “las reformas de 1983, favorecieron institucionalmente al régimen oligárquico y plutocrático, que se abroqueló tras una verdadera partidocracia interesada sólo en las conveniencias de tal régimen de gobierno antipopular y excluyente, que dura hasta los días actuales” (Constitución Política de 1972, 2004).
En consecuencia, es un imperativo categórico la convocatoria de la Asamblea Constituyente, entre otras cosas, para “exiliar” la corrupción, sepultar el clientelismo político, para promover una revolución en la Educación, para crear las condiciones de generar cientos de miles de empleos decentes, para que todos los panameños tengan acceso a la Salud (“Salud Igual para Rodos”), para desarraigar el autoritarismo oligárquico y el excesivo presidencialismo. Es decir, la constituyente y la convocatoria de una Asamblea Constituyente ha sido una constante histórica, particularmente, de unos de los actuales factores reales de poder, el pueblo panameño, encabezado hoy día por distinguidos profesionales de capas medias. Sin embargo, los otros factores, llámese, gobierno norteamericano, poder económico y la “clase política” constituida por la partidocracia oligárquica tradicional y la plutocracia corrupta en el poder; se han opuesto decididamente a una salida realmente democrática a la actual crisis que vive la Nación.
De allí, se explica la necesidad y legitimidad del instrumento democrático esgrimido por el soberano popular, por el poder constituyente originario, de llamar a los ciudadanos a movilizarse para quebrar la correlación de fuerzas antidemocráticas y antinacionales, y convocar soberanamente una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la nueva República, sobre una sólida base institucional democrática, moral e incluyente.
¡Así de sencilla es la cosa!
