Panamá, 30 oct (Prensa Latina) El ejemplo de los jóvenes chilenos recorre las calles de Panamá, donde universitarios respaldados por otros sectores populares se disponen hoy a una cuarta jornada consecutiva de protestas por reformas constitucionales que estudia el Parlamento.
A gritos de ‘nosotros somos más y no tenemos miedo’, los manifestantes desafiaron ayer a fuerzas antimotines que le impidieron entrar al palacio legislativo y les rociaron gases irritantes a quienes se acercaron a las rejas, rompieron una sección de estas y lanzaron piedras y botellas de vidrio a los uniformados.
Los diputados Juan Diego Vázquez, de la bancada independiente y Pedro Torres, del Partido Panameñista, intentaron mediar para que un grupo de los manifestantes ingresara al plenario y con disciplina escuchara los debates o incluso intercambiaran con los asambleístas, pero la Junta Directiva de la Asamblea se negó a tal petición, porque exigían orden.
‘Esta es la casa del pueblo y nosotros nos debemos a ellos’, dijo a la prensa Torres, mientras Vázquez, con evidente molestia, expresó que ‘todos pueden entrar con orden, porque tienen el derecho’, pero las autoridades del recinto impidieron el ingreso de quienes protestaron, lo que incrementó la molestia de la creciente masa.
Como parte del escenario, de forma airada el legislador Jairo Salazar, del oficialista Partido Revolucionario Democrático se opuso a la entrada de gays, porque ‘aquí ya discutimos lo del matrimonio gay y nos opusimos, por tanto, ellos no pueden entrar aquí’, al referirse a integrantes de la comunidad Lgbti que se sumaron al descontento.
El rechazo al paquete que analiza el Parlamento se basa en que se hace de espaldas a sectores populares -señalaron los manifestantes-, al tiempo que sobre su contenido aseveraron que beneficia a élites y no al país.
Pero, desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura llegó una fuerte presión a los diputados, a quienes apremiaron para que concluyan su trabajo de aprobación de las reformas antes de la terminación del período de sesiones mañana jueves.
El gremio empresarial ofreció su espaldarazo al considerar ‘la legitimidad’ de la Concertación Nacional para el Desarrollo, como un espacio de diálogo y consulta constituido mediante la Ley 20 de 2008, lo que basan en ‘su amplia representatividad’, porque la integran 23 organizaciones de grupos empresariales, obreros, profesionales y etnias originarias.
En un programa televisivo de debate, el politólogo Richard Morales concluyó en que tanto la Concertación como la Asamblea Nacional son instituciones que forman parte de la crisis política que intenta recomponerse con las modificaciones constitucionales, por tanto, desde su seno difícilmente surgirá la solución, sentenció.
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