(Redacción de Bayano digital)
Un día después de entregar una propuesta de ley para que sea declarada una moratoria minera en Panamá, organizaciones ambientalistas exigieron al gobierno del presidente Laurentino Cortizo que defienda los intereses se las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por la minería a cielo abierto y el expolio de las multinacionales involucradas en el extractivismo.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) manifestó a través de un comunicado que “el Gobierno Nacional se ha propuesto hacer del sector minero uno de los pilares de la economía del país, a pesar de que la sociedad panameña rechaza esta actividad”, que transforma en enclaves extensiones territoriales ricas en fauna y flora.
La organización ecologista subrayó “que más de 100 organizaciones y miles de ciudadanos a nivel nacional se han opuesto por más de un mes a estas acciones aceleradas e inconsultas, desconectadas de las necesidades integrales de los hogares panameños en momentos difíciles, agravando el peligro que representa la minería metálica para el ambiente y la salud pública”.
El proyecto de ley presentado prevé que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) no podrá otorgar permisos o concesiones para la exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos en la República de Panamá, a partir de su promulgación como Ley, y recalca la necesidad de proteger las cuencas hidrográficas con tomas de agua para consumo humano, comarcas indígenas, áreas de alta biodiversidad y las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
Al respecto, el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, Rogelio Montezuma, instó al Gobierno y a la Asamblea de Diputado para que acojan las demandas de las poblaciones originarias y rechacen los contaminantes negocios mineros.
“Solicitamos el apoyo de toda la sociedad en esta lucha, que es por la Salud”, advirtió Montezuma. En declaraciones a varios medios, manifestó que las compañías extranjeras mienten sobre los presuntos beneficios que dejan al país las actividades mineras y sostuvo que los ejecutivos de esas empresas eluden responder preguntas sobre los intensivos daños ambientales.
Previamente, el 6 de junio, en una homilía, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, propuso al gobierno panameño que sea declarada una moratoria minera en defensa de los más pobres y vulnerables en el mundo. En mayo de 2015, el papa Francisco emitió la encíclica Laudato Si’, en la que señala que “estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos, como a las cosas que rápidamente se convierten en basura”.
“Ya nos lo ha dicho el papa (Francisco), que las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el norte, industrializados, han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería de oro o como dióxido de azufre en la de cobre”, puntualizó el arzobispo.
Ulloa previno a las autoridades, al señalar que “estamos envenenando la casa común y, ante esto, la Iglesia no puede quedarse en silencio”. Aclaró que es necesaria la apertura de un espacio de amplio y auténtico diálogo que involucre a todos los actores sociales, sin que sea descartada la moratoria minera.
El líder religioso recomendó al MICI que suspenda la concesión de 25.000 hectáreas, con fines mineros, a una empresa dedicada a la extracción de cobre hasta que el proceso de diálogo mencionado haya concluido, y sean escuchados los argumentos de los ambientalistas y dirigentes del sector comunitario y empresarial.
