Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Una coalición de organizaciones ambientalistas advirtió hoy el elevado riesgo de que colapsen los muros en las tinas de relave, de Minera Panamá, S.A, y exigió al gobierno que garantice la seguridad ambiental tras el cierre de operaciones de esa empresa, subsidiaria de la Multinacional First Quantum Minerals, con sede en Canadá.
En conferencia de prensa realizada este viernes, Joana Ábrego, gerente del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), planteó que luego del fallo de inconstitucionalidad del contrato minero y del denominado Plan de Acción para el Cierre Ordenado de Cobre Panamá, persisten las irregularidades en la protección de áreas de gran valor ecológico.
Añadió que el 100 por ciento de las decisiones para garantizar el cierre de las operaciones de la mina están en manos de la empresa, mientras que el gobierno mantiene una ”extrema hermeticidad” sobre el contenido de las medidas adoptadas con respecto al proyecto masivamente rechazado por la población en el ámbito nacional.
Ábrego recordó que el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) entregó al Ministerio de Comercio e Industrias una carta, en la que solicita confirmación sobre disposiciones jurídicas, comunicación y acciones tomadas para el cierre de la mina, pero no ha tenido resultados.
En ese sentido, Ricardo Wong, de la organización ambientalista PROMAR, dijo que ante la falta de transparencia en ese proceso, los defensores del ambiente no descartan volver a las calles para protestar y exigir la limpieza de las áreas contaminadas por la devastadora minería a cielo abierto en zonas tropicales de este país.
El 20 de noviembre de 2024, luego de semanas de intensas protestas en este país, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en Panamá, según aclaró la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, luego de anunciar el fallo.
No obstante, Wong denunció la falta de adecuados mecanismos de fiscalización y precisó que uno de los mayores riesgos, es que durante el inicio de la estación lluviosa, en mayo de 2024, cedan los muros que bloquean el paso de las aguas retenidas que concentran sustancias tóxicas de la actividad minera. Adujo que ese hecho provocaría un desastre en la red hídrica de Panamá, que ”no vive de la minería y nunca lo ha hecho”.
Reseñó que el Plan de Recuperación Ambiental, presentado en 2022, jamás fue actualizado y, lo peor, es que no contenía medidas para el cierre inesperado del proyecto, como exige la legislación ambiental. El 7 de marzo vencerá la cobertura de la fianza de cumplimiento ambiental, de 108 millones de dólares del proyecto, lo que dejará desguarnecida al área en el período post cierre de la mina.
A su vez, Guido Berguido, de la Fundación Adopta Bosque Panamá, comentó que el Órgano Ejecutivo incumple su propio Plan de Acción sobre el cierre de Minas, lo que pone en ”grave riesgo” la zona y †aumenta la vulnerabilidad del país ante los procesos de arbitraje”.
Asimismo, planteó que no ha sido definido ningún mecanismo para la participación ciudadana en ninguna de las etapas estratégicas del mencionado Plan de Acción de Cierre de la Mina, ni siquiera de las comunidades vecinas a la mina, en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, donde hay 25 localidades directamente afectadas.
Berguido compartió la idea de que la lucha antiminera, ejercida por el pueblo en las calles, se traduzca en una Agenda Nacional unificadora, con miras a los comicios generales del 5 de mayo de 2024, para impedir que las multinacionales impongan a este país el sacrificio ambiental a través de otros proyectos mineros al occidente de la capital.
