Por Anayansi Turner
Abogada y catedrática universitaria
MSF viene operando desde 2021 hasta el pasado 4 de marzo, fecha en que suspendió sus servicios por instrucciones del gobierno nacional.
La agrupación Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó haber atendido 676 casos de violencia sexual en migrantes que atravesaron Darién, en su mayoría mujeres, durante el 2023, o sea, casi el triple de los atendidos en el 2022; y 320 casos en los 2 primeros meses del 2024.
Se trata de subregistros, pues muchas veces no se dan los reportes de las víctimas. Fe y Alegría denuncia que estas mujeres también se ven expuestas a trata y tráfico de personas, abusos laborales, secuestros y discriminación. MSF señala que las víctimas de violencia sexual deben atenderse antes de 72 horas para evitar el contagio del VIH y otras enfermedades, así como embarazos no deseados. Los testimonios son desgarradores.
El incremento del número de migrantes que ha atravesado Darién en pos de su “sueño americano” se disparó en los tres últimos años: de 133,000 personas en el 2021 pasó a 248,000 en el 2022, hasta llegar a 520,000 personas durante el 2023. Y dado el aumento en lo que va del año en comparación con igual período del año anterior, se calcula que el incremento durante el 2024 será del 20%.
MSF viene operando desde 2021 hasta el pasado 4 de marzo, fecha en que suspendió sus servicios por instrucciones del gobierno nacional, el cual ha indicado que el convenio ya venció y se encuentra en búsqueda de otra instancia sustitutiva. En un comunicado, MSF señala que están “enormemente preocupados por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante”, pues “en promedio, cada mes, brindan atención en salud física y psicológica a casi 5,000 personas, con un especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual” (El Tiempo, 7/3/24).
Lo cierto es que la agrupación venía denunciando estas cifras públicamente y exigiendo al gobierno rutas migratorias seguras y protección a los migrantes contra la violencia, cuestión que pareció incomodar a las autoridades, decidiendo no renovarle el contrato.
Nos hacemos eco del Manifiesto Feminista de la Red de Mujeres Trabajadoras, del 8 de marzo pasado, donde expresa su preocupación por “la falta de protección, reforzamiento de patrullaje fronterizo que salvaguarde los derechos humanos de los migrantes, especialmente las mujeres, niñas y adolescentes, cuya cifra por violencia sexual es alarmante, sin que exista garantías de protección y acompañamiento para la recuperación de las víctimas”. ¿Hará el MINSA la labor de MSF? ¿y dónde quedan las investigaciones y sanciones penales por tales delitos?
