Por David Carrasco
Unos 650.000 trabajadores cuyos contratos laborales fueron suspendidos y no clasifican para recibir ayuda gubernamental durante la pandemia de Coronavirus (Covid-19), han sido condenados al hambre y la desesperación, denunciaron centrales obreras de Panamá que participan en un el Diálogo Nacional.
A través de un comunicado emitido el 19 de junio, delegados de las organizaciones sindicales en la mesa de diálogo tripartito por la economía y el desarrollo laboral advirtieron que “la precariedad laboral se evidencia con un aumento en el desempleo de 7,1% de la población económicamente activa, sumado a los niveles de informalidad laboral que representa el 45% de esta población”.
Los sindicatos reseñaron que en este país han sido contabilizados más de 650.000 obreros a quienes no se registró en las instancias oficiales la suspensión de sus respectivos contratos de trabajo, durante la pandemia, mientras que el gobierno sólo reconoce algo más de 250.000 contratos suspendidos. Al no figurar como desempleados, tampoco pueden percibir el subsidio del Estado, lo que los condena a una doble precarización.
En vez de resignarse a aceptar el panorama de la precarización del empleo, los representantes sindicales en la mesa tripartita exhortaron a las partes en el diálogo a garantizar a los trabajadores una renta básica de 500 dólares mensuales, medidas de higiene, salud y bioseguridad en el trabajo y planes de seguimiento que aseguren la salud de todos, por encima de los requerimientos mercantiles del sector privado.
El pronunciamiento de los sindicatos subraya que el llamado retorno a la “normalidad” laboral en Panamá implica, además, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del trabajador consignados en el Código de Trabajo, en convenciones colectivas de y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por este país desde hace varios años.
Los representantes de los trabajadores aclararon que aceptaron participar en el diálogo nacional, animados por la buena fe y con la firmeza de garantizar claros objetivos, para ser traducidos en propuestas formales en las tres mesas de trabajo, priorizando la urgencia, la necesidad y la viabilidad de que las medidas sugeridas garanticen una renta básica, respeto a los derechos laborales, seguridad en el trabajo y la salud integral de los ciudadanos.
“Hemos rechazado que las empresas adopten medidas unilaterales que alteren las condiciones generales de los trabajadores: suspensión de los contratos de trabajos, sin cumplir formalidades y bajo el amparo de un Decreto Ejecutivo visiblemente, contrario al procedimiento establecido en el Código de Trabajo, implementación unilateral de reducciones abusivas de la jornadas de trabajado, despidos encubiertos con la figura de supuestos mutuos consentimientos y la promoción de la suspensión arbitraria de cláusulas de convenios colectivos de trabajo vigentes”, reseña el comunicado de los sindicatos.
Tras resaltar el compromiso de proteger las conquistas sociales en tiempos de pandemia, los dirigentes sindicales indicaron que aún confían que hay tiempo y espacio para que la sensatez se imponga en un “diálogo objetivo y equitativo”, que evite recurrir a los tradicionales métodos de lucha en la defensa de las conquistas y la aspiración a una vida decorosa y digna de la población trabajadora.
