Embajada de la Federación de Rusia en la República de Panamá
El 21 de noviembre de 2013 es una fecha que marcó un antes y un después en la historia de Ucrania y, por extensión, de toda la región euroasiática. Hace exactamente 10 años, en la Plaza de la Independencia en el corazón de la capital ucraniana de Kiev, estallaron los disturbios antigubernamentales que culminaron en un golpe de Estado anticonstitucional y la usurpación del poder por las fuerzas extremistas. Entre las consecuencias trágicas de aquella crisis política, el derrame masivo de sangre inocente (incluida la guerra civil en la región de Donbás), el desenfreno del neonazismo, la persecución descarada del idioma ruso y sus hablantes, la religión ortodoxa, así como el deterioro agudo de la situación socioeconómica.
El objetivo inicial de las manifestaciones conocidas como el Euromaidán (“la plaza europea” en ucraniano) fue protestar en contra de la decisión del Presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, de posponer la firma del Acuerdo de la Asociación de su país con la Unión Europea. Con esta medida, el mandatario ucraniano pretendía asegurarse de que el nuevo Acuerdo no afectara la participación de Kiev en el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad de Estados Independientes. En 2013, dicha Comunidad, compuesta por varios países postsoviéticos (incluida Rusia), acumulaba el 35% de la totalidad del comercio exterior ucraniano, siendo el mayor socio comercial de Kiev.
Sin embargo, el movimiento antigubernamental –aunque algunas de sus reivindicaciones, sin duda alguna, eran bien justificadas– fue secuestrado por un grupo de actores externos, incluidas la UE y la OTAN bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Washington y sus fautores no tardaron en aprovechar esta excelente oportunidad para echar leña al fuego de los sentimientos anti rusos en Ucrania, abriendo otra brecha entre las dos naciones hermanas para debilitar a Moscú, el mayor crítico del dominio injusto y obsoleto del Occidente en el sistema mundial.
De tal modo, en violación flagrante del principio de la Carta de la ONU de no intervención en los asuntos internos, los gobiernos occidentales respaldaron a las protestas de forma abierta y en voz alta, sin distinción alguna entre los manifestantes pacíficos y el bando extremista. Algunos diplomáticos estadounidenses y europeos incluso caminaron por el centro de Kiev para alentar personalmente a los activistas. Además de tales “actos de solidaridad” simbólicos como el repartir de golosinas entre los reunidos en la Plaza de la Independencia, la Embajada de los EE.UU. estaba ofreciendo auxilio material al “campo de las protestas” por un promedio diario de $1 millón de dólares. Ni hablar de los $5 mil millones de dólares que los norteamericanos habían invertido en sus adoradores políticos en Ucrania antes de 2014, de acuerdo a lo confesado orgullosamente por Victoria Núland, alta funcionaria del Departamento de Estado.
Al manifestar su apoyo inequívoco a los adversarios del presidente legítimamente electo, el Occidente creó las condiciones perfectas para que los sectores radicales de la protesta pudieran avanzar viento en popa hacia sus objetivos peligrosos. Poco a poco, grupos extremistas paramilitares, incluidos los apologistas de los nacionalistas ucranianos colaboradores de los nazis de Hitler, se apoderaron del Euromaidán bajo el pretexto de garantizar la seguridad de los manifestantes. No obstante, sus enfrentamientos con los estamentos policiales se estaban volviendo cada vez más violentos hasta el punto de provocar, en febrero de 2014, más de cien víctimas fatales. Finalmente, el acuerdo de transición política entre Víktor Yanukóvich y los líderes de la oposición, concertado bajo la mediación de Alemania, Polonia y Francia, fue pisoteado desvergonzadamente por los protagonistas de los disturbios que destituyeron por fuerza al jefe legítimo del Estado ucraniano en un golpe criminal que sus patrocinadores occidentales osaron calificar como “el triunfo de la democracia”.
Las repercusiones desastrosas de la presunta “revolución de la dignidad” son bien conocidas. Justo después de la rebelión, los ultranacionalistas lanzaron una campaña sucia y agresiva contra los derechos de la población rusohablante de Ucrania. Tras el firme rechazo de estas políticas discriminatorias por los habitantes de Crimea y la región de Donbás, los extremistas desencadenaron en su contra una guerra civil sangrienta que antes de 2022, mató a unas 14,000 personas. Con el visto bueno tácito de los autoproclamados “países civilizados”, el régimen golpista emprendió una ofensiva contra la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial para glorificar a las unidades ucranianas de Waffen-SS y otros bandidos condenados por el Tribunal de Núremberg. Al desplegar la persecución contra La Iglesia Ortodoxa Ucraniana, las nuevas “autoridades” también atentaron contra la libertad de religión.
La lista de las atrocidades ocurridas a raíz del Euromaidán que nunca han sido investigadas adecuadamente incluye las acciones de los misteriosos francotiradores que dispararon a docenas de manifestantes en el centro de Kiev en febrero de 2014, así como la masacre inhumana de los manifestantes pro rusos que fueron quemados vivos por los nacionalistas en la Casa de los Sindicatos de la ciudad de Odesa el 02 de mayo del mismo año.
Frente a los acontecimientos trágicos en el país vecino, la Federación de Rusia hizo el máximo esfuerzo para contribuir a la solución diplomática de la crisis. En particular, Moscú participó activamente en la facilitación de los Acuerdos de Minsk de 2015 que fueron avalados por el Consejo de Seguridad de la ONU y ofrecieron un camino tangible hacia la reconciliación entre Kiev y Donbás. Sin embargo, el Occidente y el régimen usurpador nunca cumplieron con sus obligaciones a raíz de estos documentos. El año pasado, todos los firmantes de los Acuerdos de Minsk, a excepción de Vladímir Putin, es decir, Angela Merkel, Francois Hollande y Piotr Poroshenko, admitieron públicamente que ni siquiera habían tenido la intención de adherirse a las condiciones que ellos mismos habían suscrito. Su objetivo verdadero era ganar tiempo para consolidar las capacidades militares de Kiev, preparándolas para la futura confrontación bélica con Rusia.
En este contexto y frente a la negativa obstinada de la OTAN de considerar la propuesta rusa de las garantías de seguridad jurídicamente vinculantes (presentada en diciembre de 2021), Rusia fue obligada a iniciar la operación militar especial para defender la población de Donbás, desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Cabe recordar también que la reunificación de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie con nuestro país se llevó a cabo en pleno cumplimiento con las normas internacionales y en virtud de su derecho legítimo a la autodeterminación. Según hizo resaltar en su reciente artículo el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, la Declaración de la ONU sobre los Principios del Derecho Internacional relativos a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de 1970 estipula que el principio de la integridad territorial no puede tener prioridad sobre el principio de autodeterminación de los pueblos si el gobierno vigente no representa a todo el pueblo que vive en el respectivo territorio. Por supuesto, el régimen nacionalista de Kiev nunca había representado a los residentes de estas regiones, pero ahora sus derechos lingüísticos y religiosos se encuentran bajo la firme protección del Gobierno ruso.
La historia del Euromaidán y sus efectos espantosos para millones de personas inocentes nos vuelve a recordar la nociva que puede ser la intromisión extranjera en los asuntos internos de un Estado soberano. La burda interferencia de Washington y sus satélites en la crisis sociopolítica en Ucrania ha comprobado con claridad que no hay nada que pueda detener las ambiciones geopolíticas ilimitadas del Occidente, por mucho dolor y sufrimiento humano que causen. Es precisamente por esta razón que Rusia aboga tan enérgicamente por la formación de un orden mundial multipolar de carácter justo, democrático y equitativo que se base en los firmes cimientos del derecho internacional, incluido el principio de no intervención en los asuntos internos.
© Embajada de la Federación de Rusia en la República de Panamá, 2023
