(Redacción de Bayano digital)
En un enérgico pronunciamiento, la presidenta del Sociedad Panameña de ingenieros y Arquitectos (SPIA), de Panamá, María Lombardo, y dirigentes de gremios asociados, exigieron al gobierno la eliminación de la Ley de Contrataciones Públicas, que habría permitido a la empresa brasileña Odebrecht orquestar en Panamá una red de corrupción y el pago de sobornos.
Lombardo manifestó que a través de diversos comunicados, el gremio de profesionales de la industria de la construcción ha denunciado las “deficiencias y de la Ley 22 que regula las contrataciones públicas, que propicia actos de corrupción y limita la participación de profesionales y empresas panameñas”.
En ese sentido, instó al presidente Juan Carlos Varela y al ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, con el objetivo de que sean ordenadas auditorias en las obras de ingeniería que han sido cuestionadas por problemas de diseño y sobrecostos, incluso en el Canal de Panamá, y que termina pagando más cara la población.
Lombardo advirtió que hace varios años la SPIA llamó la atención a los gobiernos por problemas derivados de la forma en que Odebrecht recibió contratos del Estado y la exclusión de profesionales panameños de muchos proyectos emblemáticos, en lo que el resultado de irregularidades aceptadas por el Estado.
La firma Odebrecht es el centro de uno de los mayores escándalos internacionales de corrupción que alcanza a 12 países, incluido Panamá. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que esa compañía pagó 59 millones de dólares en coimas a funcionarios, políticos y empresarios panameños, de 2010 a 2014.
Por su parte, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen, enfrenada a la disyuntiva de la terminación de la extensión de la terminal aeroportuaria, pidió a la constructora brasileña un informe mensual de los pagos que hace a los contratistas dentro del proyecto, para evitar suspicacias y fraudes.
El secretario general del Colegio de Ingenieros, Mecánicos, Electricistas y de la Industria, Omar González, precisó que una de las mayores irregularidades cometidas por Odebrecht en Panamá, es la masiva contratación de profesionales extranjeros, sin la comprobación local de su idoneidad.
Añadió que tras las denuncias presentadas sobre hechos cometidos por varias empresas constructoras al amparo de la Ley 22, representantes gubernamentales pidieron a los gremios y sindicatos “moderación” en sus reclamos, debido a que se había dado prioridad a proyectos de interés social, para beneficiar a las comunidades.
Tras el estallido del escándalo de corrupción de Odebrecht, fueron detenidas varias personas, entre ellas el ex presidente del gobernante Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora, y socio Jürgen Mossack, cuyo bufete Mossack Fonseca, fue cateado por el caso “Lava Jato”, actualmente investigado en Brasil.
Fonseca causó un revuelo en la opinión pública al incriminar al presidente Varela entre los beneficiarios de coimas de Odebrecht, lo que fue rechazado en medio de investigaciones del Ministerio Público y de las órdenes de detención tramitadas a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y en medio de pedidos de diputados para que Varela sea enjuiciado.
La lisa de los más buscados por la Justicia, por presuntos delitos vinculados a Odebrecht incluyen a Ricardo Alberto y Luis Enrique, dos de los hijos del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien es reclamado en extradición a Estados Unidos por un escándalo de escuchas telefónicas ilegales en Panamá. Contra Martinelli pesan otras denuncias de corrupción.
Sin embargo, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, manifestó su desacuerdo por la admisión de una investigación judicial a Martinelli por una presunta extorsión a la empresa constructora italiana Impregilo, para que le entregasen coimas al entonces mandatario de Panamá.