Tosudez gubernamental encadena a la Justicia

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La tozudez demostrada por representantes del Órgano Ejecutivo, al tratar de imponer por la vía de la coerción a dos juristas de su confianza en la alta magistratura de la Corte Suprema de Justicia, ha erosionado los cimientos del poder judicial y el prestigio de imparcialidad, lo que define un panorama nacional sombrío.

El burdo intervencionismo equivale a una bofetada a los anhelos de transparencia de la sociedad panameña, sacudida por la designación de dos magistradas, quienes son blanco del intenso cuestionamiento público, por sus nexos con las cúpulas del poder involucradas en el intento de dominar al país y sus instituciones.

Una suerte de malabares políticos ha contaminado lo que debió ser un mecanismo de consenso para promover una adecuada gobernanza y gobernabilidad. En cambio, llueve lodo sobre la Justicia, que es un valor determinado como bien común por la sociedad, para asegurar el funcionamiento del Estado.

El origen de ese comportamiento autocrático hay que buscarlo en las relaciones económicas que se desarrollaron al margen del interés público y definen a las actuales élites de poder dispuestas a controlar el presente y futuro del país, aunque con ello tengan que sacrificar el interés nacional y las metas democráticas.

Es algo normal que la mayoría de los integrantes de una sociedad tenga una concepción de lo justo, y sea una virtud social actuar según ese principio. Sin embargo, en Panamá, los dueños del capital financiero, buscan subordinar a la Justicia a sus intereses para operar con absoluta impunidad y crear reglas propias.

El sistema judicial, los mecanismos penales y el modelo carcelario están en su peor nivel de credibilidad. En las actuales condiciones, es imposible extender un cheque en blanco a instituciones que favorecen en forma perversa la impunidad y ejercen la Justicia con criterios clasistas y de exclusión social

Es una vergüenza que la Justicia en Panamá haya pasado a ser un botín político y que los asuntos de Estado sean ventilados en un nido de víboras, mientras la población que protesta y reclama el fin del latrocinio sea castigada por jueces venales que prefieren arrojar en parajes oscuros los expedientes sobre corrupción.

Las mafias del narcotráfico han penetrado a los cuerpos de Seguridad y los órganos del Estado, y son parte del problema que enfrenta el sistema judicial panameño. A las generaciones que siguen el ejemplo de los mártires de 1964, corresponde enfrentar y derrotar con valentía a los usurpadores de la Justicia.

¡Basta de humillaciones que transforman a los altos tribunales en guaridas de bandidos y gente ruin movida por la codicia!

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