Por Alberto Velásquez
Periodista
La administración de la Autoridad del Canal de Panamá continúa siendo objeto de críticas y denuncias ante los órganos de justicia, ante la serie de anomalías que se han detectado en su manejo.
Varias organizaciones de base y sindicatos de trabajadores de la ACP, se reunieron en esta ocasión en el Colegio de Abogados, para ventilar una serie de hechos que consideran violatorios de la Constitución y las leyes de la República de Panamá.
Dirigentes de la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal (ACAC), del Sindicato de Trabajadores No Profesionales del Canal, de la Alianza Estratégica Nacional, de la Asociación de Derecho Ambiental y del Colegio de Abogados formularon fuertes críticas contra el administrador Jorge Luis Quijano, por la compra de lanchas y otros bienes, a través de empresas vinculadas a su hijo.
Además, los pronunciamientos fueron unánimes contra el nombramiento de Alberto Alemán Zubieta como asesor de la ACP, “habiendo sido la personas que como administrador general trajo a la empresa Sacyr, prácticamente en quiebra, asociarse y ahora demandar conjuntamente a la ACP por varios miles de millones”, denunció Carlos Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores No Profesionales del Canal.
Según las denuncias presentadas, la ACP pagó por un barco que fue construido en Panamá, unos 750.000 dólares. Luego, incluyó a varios barcos iguales en su flota, con ligeros cambios, como un aumento mínimo de sus dimensiones. La adquisición de esas naves ha sido mencionada en un caso de corrupción, que fue denunciado ante la Procuraduría General, pero que no ha sido investigado, manifestaron dirigentes de la Alianza Estratégica Nacional, en la vocería de la Lic. Gisela Pérez Polo.
Por su parte, residentes en las comunidades contiguas al Canal de Panamá se pronunciaron en contra de la administración de la ACP, empeñada en promover el diseño y construcción del Puerto de Corozal. Específicamente, pidieron, a través de su presidenta, Rocío de Carreiro, que sea realizado un estudio para la construcción de un puerto en otro sector del Pacífico, pero no en Corozal.
Donaldo Souza y Santander Tristán, del Colegio Nacional de Abogados, enumeraron una serie de denuncias interpuestas ante autoridades judiciales, sobre violaciones de la administración de la ACP. Advirtieron que esas situaciones repercuten en desmedro de la calidad de los servicios y de las conquistas soberanas.
El tema de la administración del Canal en manos de una plutocracia, será objeto de análisis en una serie de foros organizados por representantes de las organizaciones sociales.
