La lucha de varias generaciones para la recuperación del Canal de Panamá y las áreas adyacentes, incluidas sus tierras, aguas, bases y sitios de defensa de Estados Unidos, dieron resultados concretos en 1977, a través de la firma de los Tratados “Carter-Torrijos”, también denominados “Torrijos-Carter”, que pusieron fecha de cumpleaños al desmantelamiento del enclave colonialista en su suelo.
Sin embargo, esa política seria, previsora e inteligente, que desembocó en un instrumento de desarrollo, ha sido desdibujada en sus objetivos esenciales. Debido a su importancia estratégica, el Canal vuelve a ser redimensionado como ruta de tránsito, y las valiosas tierras contiguas están en el punto de mira de multinacionales navieras y portuarias, y grupos expoliadores que apuestan por el control y usufructo de bienes patrimoniales.
Un repaso del modelo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) permite reconocer que en 15 años en manos panameñas, las contribuciones directas de la vía acuática al Tesoro Nacional, a través de excedentes, derechos de tonelaje y pagos por servicios prestados al país alcanzan 10.589 millones de dólares, mientras que en 85 años de gestión estadounidense fueron de 1.877 millones.
Pese a ello, la cifra entregada al Estado panameño por la ACP es proporcionalmente inferior a lo que Chile recibe por la explotación cuprífera, o lo que diversos Estados petroleros perciben en ingresos económicos, a través de la explotación y venta de hidrocarburos, lo que induce a pensar cómo distribuir mejor y en forma más justa lo que la vía acuática genera en servicios marítimos.
En el actual esquema, no está clara la forma en que las áreas revertidas tendrán el mayor uso colectivo posible, tras el virtual desmantelamiento de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y el traspaso de funciones administrativas al Ministerio de Economía y Finanzas, cuya supervisión en materia de transparencia es desconocida por la mayoría de los panameños.
Tensiones y situaciones polémicas asociadas al Canal revelan que el país requiere una estrategia canalera, y que la ACP no está habilitada para dar ese paso en solitario, más allá de los asuntos mercantiles. Además, hay la necesidad imperiosa de perfeccionar el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente, que mantiene a este país bajo el paraguas del Pentágono, en especial por la aprobación de enmiendas, reservas y entendimientos ajenos al interés nacional.
Panamá debe disponer de los equipos humanos de investigación, para que en un momento oportuno y adecuado vuelva a ser retomada la renegociación del Tratado vigente, con Estados Unidos, y sea asegurado el principio de la soberanía y jurisdicción panameña sobre todo su territorio, así como el derecho a la no intervención de otros Estados. Ese es un tema que debería concitar el interés diplomático y convocar a expertos en derechos internacional para trabajar en una propuesta conceptual de su destino.
La neutralidad y la seguridad del Canal demandan respeto. Ello implica que Panamá no puede ni debe ceder espacios marítimos, terrestres y aéreos para participar en conflictos locales, internacionales o globales. Una estrategia canalera es necesaria para garantizar que esos asuntos figuren en una agenda de Estado y que prevalezca el concepto de la genuina e inaplazable panameñización de la vía acuática y el respeto a los derechos laborales en esas áreas.
El Canal de Panamá, sus puertos y áreas adyacentes deben estar integrados a una visión de desarrollo. Para que ello ocurra, es de cardinal importancia la revisión del modelo vigente y una estrategia audaz que genere bienestar, seguridad y desarrollo del principal recurso del país, reconquistado con sangre, sacrificios y una firme voluntad negociadora en procura de soberanía total.
