Por Miguel Antonio Bernal V.
Hace tres años, en enero del 2015, indicaba en esta misma columna semanal que: “A nuestra ciudadanía le costará mucho reponerse del daño social y moral de la criminal y organizada violación al derecho a la intimidad, de miles de nosotros”.
Recordaba, también, que: “La dignidad humana es el principio fundamental, el valor esencial de toda sociedad moderna y, el derecho a la intimidad es la consecuencia necesaria de la misma que, además se identifica jurídicamente con el concepto de vida privada. Y esta, a su vez, es “el conjunto de los actos, situaciones y circunstancias que por su carácter personalísimo no están de ordinario expuestos a la curiosidad y a la divulgación”.
El deplorable espectáculo jurídico-mediático, montado con la extradición de Martinelli, sólo ha servido para que la sociedad olvide que, un amplísimo espacio de nuestra existencia cotidiana, no ha dejado de pertenecer a la esfera de la intimidad. En las audiencias, poco o nada ha importado el derecho de las víctimas y el menosprecio hacia ellas ha sido evidente de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, muy particularmente de los que fungen como fiscal y juez de garantías.
Hasta los abogados de la defensa han olvidado los caros principios que deben guiar a todo jurista, sin dejar por ello de velar por los derechos del victimario, su defendido. Algunas de las víctimas, también han contribuido con su silencio a que se haya “repinchado” la sagrada intimidad, de ellos, de los que no nos callamos y de los que seguimos siendo “pinchados”.
El derecho a la intimidad está reconocido por el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 17 y 29 de la Constitución Política.
Ricardo Martinelli B., su Gobierno, al igual que el actual, franquearon y violaron con sus “pinchazos” y otras acciones, sin justa causa, el “jardín secreto” de la vida íntima de miles de hombres y mujeres panameños sin derecho alguno a ello. ¡No a la impunidad!
