Redacción
BBC Mundo
Tras un largo proceso que empezó en 2013, esta semana se celebra la última fase del juicio que enfrenta a Bolivia y a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Holanda.
Durante un lapso de diez días ambos países presentarán sus declaraciones finales, tras lo cual los jueces se tomarán unos meses para alcanzar un veredicto.
Este lunes Bolivia abrió la última etapa de alegatos orales con una presentación que fue seguida en persona por el presidente de ese país, Evo Morales, quien fue el que inició la demanda.
Morales ha dicho que acudió a La Haya debido a la negativa del estado chileno a sentarse a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para su país.
Pero ¿cuál es concretamente el reclamo que está haciendo La Paz?
Y ¿qué ha respondido Chile?
En BBC Mundo te explicamos las minucias de este complejo, largo y espinoso diferendo limítrofe.
Más de cien años
Para entender el contexto de la disputa es importante entender su origen. Hasta 1904, Bolivia ‒hoy el único país sudamericano, junto con Paraguay, que no tiene salida al mar‒ tenía una frontera oriental que llegaba hasta el océano Pacífico.
Según historiadores, el país tenía 400 kilómetros de costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados más de territorio, de lo que tiene hoy.
¿Qué pasó? La llamada Guerra del Pacífico, que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile.
El conflicto se desató cuando el país transandino, bajo el argumento de que La Paz había violado un tratado comercial, invadió a su vecino del norte.
Los tres países lucharon entre 1879 y 1884 hasta que Chile se impuso.
En 1904 firmaron un acuerdo de paz que trazó los nuevos límites entre los estados. El Tratado sigue vigente hoy aunque Bolivia acusa a Chile de incumplir algunas de sus disposiciones, cosa que Santiago niega.
¿Qué pide Bolivia?
A diferencia de otros conflictos limítrofes dirimidos ante la Corte de La Haya, en este caso lo que se reclama no es un pedazo concreto de tierra o de mar.
Bolivia tampoco pide que los magistrados se pronuncien sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904.
Lo que exigen es que se obligue a Chile a negociar.
En un documento que resume su postura, llamado “El Libro del Mar”, el estado boliviano sostiene que “Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para Bolivia a través de acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a sus representantes del más alto nivel”.
“Estos numerosos instrumentos evidencian de manera contundente que Chile se comprometió a encontrar una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia mediante negociaciones con miras a llegar a un acuerdo”, agrega el texto.
Es por esto que el reclamo de Bolivia ante la CIJ es que “declare” estos tres puntos:
1) Que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a este país una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
2) Que Chile ha incumplido dicha obligación.
3) Que Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
Entre sus argumentos, La Paz sostiene que siempre se mostró dispuesto a dialogar y que en el pasado diferentes gobiernos chilenos accedieron a buscar soluciones, a diferencia de lo que ocurre ahora.
Pone hincapié en lo ocurrido durante los gobiernos militares del chileno Augusto Pinochet y del boliviano Hugo Banzer, cuando ambos países estuvieron más cerca de lograr un acuerdo, según su visión.
¿Qué dice Chile?
La defensa del estado chileno se basa en la legitimidad y vigencia de lo acordado en 1904.
Para Santiago, Chile siempre respetó los detalles del Tratado de Paz, que incluyen permitir a Bolivia el uso de los puertos marítimos chilenos.
“Chile reconoce en favor de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”, especifica el acuerdo.
Pero además, el país transandino sostiene que las diversas negociaciones que ocurrieron a lo largo de la historia no comprometen a su país a entregar territorio a su vecino.
También argumentan que si dialogó en el pasado fue como un acto de buena voluntad y no debido a que reconociera una obligación pendiente.
“Mantenemos la convicción de que la demanda boliviana carece de toda base pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia”, resumió en 2015 la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet, cuando la CIJ se declaró competente para dirimir el conflicto.
Chile ha acusado a Bolivia de buscar renegociar el acuerdo de 1904 a través de esta demanda, algo que está vetado por el Pacto de Bogotá de 1948.
Uno de los embajadores de la causa chilena, el expresidente de ese país Ricardo Lagos (2000-2006), incluso afirmó que “si se acogiera la tesis boliviana, no habría ningún tratado seguro”.
¿Qué dice la CIJ?
Sin embargo, para la Corte de La Haya el tema de si Chile está o no obligado a sentarse a negociar no es algo que está claro según los acuerdos actuales y por eso aceptó el caso en 2015, rechazando la objeción chilena.
“Las disposiciones relevantes del Tratado de 1904 no abordan, ni explícita ni implícitamente, la cuestión de si Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico de Bolivia”, señaló en aquel entonces el presidente de la Corte, Ronny Abraham, tras declarar a la CIJ competente en la causa.
Tras la fase final de alegatos, que concluirá el 28 de marzo, los 15 jueces se tomarán varios meses para definir su fallo. Podrían anunciarlo a finales de este año o a inicios de 2019.
Algunos creen que incluso si fuera favorable para Bolivia, no significaría que ese país recobrará su salida al mar.
“La CIJ no puede obligar a ningún país a cumplir sus sentencias”, le advirtió en su momento a BBC Mundo David Mares, experto en relaciones internacionales de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos.
No obstante, tanto Mares como otros analistas señalan que la resolución de La Haya tendrá mucho impacto en la opinión pública y significará un importante espaldarazo para el país que salga favorecido.
