“Son un peligro. A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política”, José Mujica, ex presidente de la República Oriental del Uruguay.
El Consejo Editorial de Bayano digital, se une al clamor de organizaciones panameñas, que con gran indignación han recibido lo que se conocía durante años: la evidente corrupción al más alto nivel. Una investigación internacional reveló el millonario soborno de la constructora del brasileño Norberto Odebrecht a funcionarios y personas jurídicas de Panamá, y de otros once países, en medio de un amplio despliegue informativo de seguimiento.
Luego de más de dos años, en que las autoridades judiciales ignoraron la indignación y las denuncias de la ciudadanía por sobrecostos en las obras de infraestructuras contratadas con varias empresas, la procuradora de general Kenia Porcell, leyó a los medios de comunicación un tibio comunicado en el que informó sobre el compromiso de los abogados de la multinacional, de “entregar en un breve plazo los primeros 59 millones de dólares y/o garantía, como pago de soborno a personas naturales y jurídicas panameñas”. Ese documento, es un desatino y una burla al sentido común.
La Constructora Odebrecht enfrentó una investigación y reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que realizó sobornos, entre el 2010 y 2014, por la suma de 59 millones de dólares en Panamá, para que se le adjudicasen proyectos valorados en 5.145 millones de dólares. Si tomamos como indicador el 10% de coimas que Rafael Guardia Jaén, ex director del Programa de Ayuda Nacional (PAN) recibió durante el gobierno de Ricardo Martinelli, es posible colegir la gravedad del caso. Los mismos podrían representar, al menos, 500 millones de dólares para el período investigado en Estados Unidos, en tanto que compromiso calificado por la procuradora, como formal y verbal, representa el 1,15% de los contratos adjudicados a la constructora.
En medio del escándalo, persiste la desconfianza, respecto a los compromisos que las autoridades asumen con el conglomerado Odebrecht, ya que, aun conociendo las investigaciones del proceso Lava Jato en Brasil y las condenas que han sido emitidas en ese país, en Panamá fueron adjudicados contratos durante la actual administración para el desarrollo proyectos por más de 2.300 millones de dólares, incluidas la Línea 2 del Metro, por 1.857 millones, y el Proyecto de Renovación de Colón, por 537 millones.
La entrega de “los primeros 59 millones del soborno”, sugieren una modalidad de coima, esta vez oficializada, para que todo quede igual y nada pase, como ha ocurrido en otros casos de alto perfil.
En Panamá, la corrupción es un impuesto a la pobreza que castiga a los más humildes y a los que necesitan la atención del Estado. Al igual que diversas organizaciones cívicas y populares, Bayano digital rechaza la corrupción y el encubrimiento de quienes han incurrido en esos delitos. Los ciudadanos y ciudadanas se deben auto convocar, a través de los mecanismos democráticos, en una Veeduría Anticorrupción, para dar seguimiento a los casos de alto perfil, con el objetivo de que prevalezca en la agenda pública la certeza del castigo, sin selectividad alguna. Es necesario apelar a la institucionalización de la transparencia y enfrentar de manera enérgica la impunidad.
