- El conflicto por el control de las tierras en Barú se remonta al siglo XX, cuando las multinacionales obtuvieron amplias concesiones del Estado panameño para explotar hasta 30.000 hectáreas de banano de exportación y abastecer a los mercados de Europa y Estados Unidos.
- Ante un posible negociado concebido en las esferas de poder en Panamá, productores agrícolas recurren a las instancias judiciales, para que sea reconocido el derecho posesorio de las tierras que ocupan y se detenga el despojo fraguado por grupos económicos y las multinacionales.
Por David Carrasco
Productores del distrito de Barú, en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, se declararon en pie de lucha e interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra el Contrato Ley No. 13, que promueve el despojo de 800 agricultores que representan a más de 1.000 familias en esa región fértil.
La presidenta de la Asociación de Productores de Panamá (Aprodepa), Ada Pinzón, indicó a Bayano digital que “por primera vez, los productores organizados del distrito de Barú se han atrevido a demandar, por inconstitucional, el contrato leonino entre el Estado y la empresa Banapiña, subsidiaria de la empresa Del Monte”.
En las escalinatas del edificio que alberga a la máxima instancia de Justicia, Pinzón denunció que los productores excluidos de ese Contrato se enfrentan a la falta incentivos para la agricultura y a la ausencia de seguridad en la producción de alimentos. “Ojalá, la Corte Suprema de Justicia haga valer el derecho de quienes hacemos producir la tierra”, ante el despojo de empresas foráneas.
La dirigente social sostuvo que el Contrato Ley No. 13 otorga a Banapiña beneficios y terrenos para la explotación agroindustrial, en contra de los intereses de productores de Barú, quienes tienen hasta 15 años de realizar cultivos, como consta en los planos de Reforma Agraria y en la Autoridad Nacional de Tierras. (ANATI). Añadió que en forma arbitraria, el Contrato Ley No. 13 califica de “invasores” a los productores con derechos posesorios.
Esos terrenos descritos en la demanda, están fuera de las 1.770 hectáreas concedidas a unos 2.500 ex trabajadores de la antigua Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar). Algunos de ellos aceptaron la venta de sus tierras, en un arreglo con Del Monte, luego de varios años de depresión en el mercado internacional del banano de exportación.
“Necesitamos que esas tierras que ocupamos y hacemos producir, sean adjudicadas a los productores”, precisó Pinzón en un llamado a la Corte Suprema para que ejerza la Justicia efectiva. Recalcó que la Constitución de la República y el Derecho Agrario amparan el justo reclamo para garantizar la tenencia de la tierra y desaprueban los intentos de “chanchullos” (trampas) en perjuicio de la nación.
Los agricultores baruenses producen para el consumo nacional arroz, maíz, frijoles, hortalizas, aves y cerdos, entre otros rubros, y han dado un uso eficiente a los suelos. Su principal decisión es mantenerse allí, y rechazar el falso argumento de que han invadido las tierras que pretende tomar la multinacional.
Al respecto, el abogado de los productores, Santander Tristán, especialista en derecho agrario, manifestó que han sido interpuestas acciones de inconstitucionalidad contra varias normas, entre ellas el Contrato 36, de 2017, que fue aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados. “Vamos a demostrar que el Estado panameño violentó un mega derecho fundamental: el desarrollo sostenible”, indicó.
Tristán sostuvo que “no se pue seguir haciendo contratos con las empresas transnacionales, si los agronegocios no son sometidos a un criterio de desarrollo sostenible”. Añadió que el Estado se contradice y es incoherente, al haber firmado 17 objetivos sobre el cambio climático, pero violenta tres principios del acuerdo 2030.
El jurista resaltó que el Estado panameño tampoco puede desconocer el principio vigente de la posesión agraria que acompaña el justo reclamo de los productores en el distrito del Barú y que está consignado en el Código Agrario de 2011, pese a que algunos sectores intentan pasarlo por alto con fines de hacer negociados. “Hay un compromiso del Estado de velar por el productor”, acotó.
Tristán resaltó que “el desarrollo sostenible y el derecho de posesión agraria son aspectos ineludibles, y le toca a la Corte Suprema demostrar que hay un compromiso con la Justicia en este país”. Tras presentar la demanda, los participantes en el mitin en la Corte Suprema emprendieron una marcha hasta el hemiciclo de la Asamblea Nacional de Diputados, para exigir el derecho a la tierra.
