Presidencialismo y ausencia de integridad

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La población panameña tuvo el 1 de julio de 2017 la percepción más clara y definitiva de la deteriorada imagen del Estado y de una suerte de Corte de los Milagros en la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. Una farsa llevada a niveles de espectáculo ocupó durante varias horas la oferta televisiva, en la que todos fueron testigos de mofas y engaños a los ciudadanos.

En forma burda, diputados de distintas bancadas saltaron a las filas del oficialismo para elegir a la figura que previamente había recibido el visto bueno del oficialismo para dirigir el Parlamento. De hecho, el texto del discurso central apareció publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional, antes de que fuese consumada la votación, lo que revela perfidia e insensatez, pero sobre todo irrespeto.

Sin embargo, nadie debería ser presa del asombro ante el hecho político acaecido y la evidencia de un sistema presidencialista que impone reglas, interfiere y subordina a la esfera parlamentaria. El crecimiento gradual del poder del Órgano Ejecutivo y su influencia directa en decisiones nacionales convierten en un mito la separación de poderes del Estado y la armónica y recíproca colaboración.

El estilo de elección implantado en la Asamblea Nacional nada tiene que ver con la teoría de la separación de poderes acuñada en la obra de Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, que se inspiró en la descripción que los tratadistas clásicos y sistemas políticos de la Antigüedad, especialmente en la que Polibio hace de la República romana, además de las teorías de Platón y Aristóteles.

Por el contrario, predomina el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, al justificar a los jerarcas en el poder. “Como al príncipe le es preciso saber utilizar bien su parte animal, debe tomar como ejemplo a la zorra y al león; pues el león no sabe defenderse de las trampas ni la zorra de los lobos. Es imprescindible, pues, ser zorra para conocer las trampas y león para asustar a los lobos”, repetía Maquiavelo.

Para cambiar ese panorama de interferencias que alcanza, además, a la esfera judicial, Panamá debería avanzar hacia una Constituyente. Ese tema fue convertido en promesa de campaña electoral, pero ha sido archivado por el gobierno, que busca repetir en los comicios generales de 2019. En todo caso, organizar una Constituyente con un movimiento popular atomizado y débil es un gran riesgo.

La pérdida de institucionalidad coincide con una pobre participación de intelectuales progresistas para recuperar la dignidad nacional y enfrentarse a la autocracia y la cooptación. La falta de credibilidad en el sistema de representación parlamentaria y el desgaste de la política partidista tradicional, justifican el diseño de alternativas patrióticas para enderezar el camino del Estado vulnerado.

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