Política exterior varelista atrapada en un laberinto

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Dignatarios del gobierno varelista bajo fuerte presión.

Por José de la Rosa Castillo

A además de conflictiva y desacertada, la política exterior de Panamá, ha contrariado flagrantemente Tratados Internacionales y negado la imparcialidad que debe caracterizarle, sobre todo por la existencia del Tratado de Neutralidad del Canal.

En su discurso de mitad de mandato, el presidente Juan Carlos Varela ha dicho: “En materia de Política Exterior, el 2017 será un año en el que tomaremos decisiones trascendentales para nuestro país y tenemos la oportunidad de continuar posicionándonos como socios regionales y aliados estratégicos en materia de seguridad”. Parece tardío ese anuncio, ante hechos que cuestionan su veracidad.

Tres escándalos de alto perfil muestran el desacierto en el manejo de la política exterior panameña: (Mossack-Fonseca, caso Waked y Odebretch). Esos hechos le estallaron en la cara al gobierno y tocan los cimientos de la personalidad jurídica del Estado, sin que hayan sido percibidas acciones oficiales coherentes, sistemáticas y coordinadas para enfrentar los efectos perniciosos.

Un periódico nacional con historia, arraigo y prestigio, como La Estrella de Panamá, ha resistido el bloqueo de Estados Unidos, ante la falta de firmeza gubernamental en defensa de sus nacionales. Asimismo, el gobierno reaccionó tímidamente respecto al escándalo por soborno de la empresa Odebretch. Sobre los asuntos de la firma Mossack-Fonseca, predomina el silencio por razones obvias.

El manejo de los tres casos mencionados revela un retorno a una política complaciente con Estados Unidos, grupos financieros transnacionales y los países de la Unión Europea (UE).

Tras el relativo éxito obtenido en la Cumbre de las Américas, en abril de 2015, al mantener el compromiso de la invitación de Cuba y situar a Panamá como escenario del diálogo entre los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, la administración Varela entró en una especie de laberinto con la publicitada participación panameña en la Coalición Internacional contra el Estado Islámico. Ello provocó una contundente crítica y censura de la opinión pública nacional, al haber sido puesta en riesgo la seguridad y neutralidad del Canal.

Nunca fue clara la posición panameña en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, en 2015. Panamá se abstuvo, en una pretendida posición de mediación que deseaba desempeñar y que nunca consiguió. Asimismo, comprometió a este país a recibir a refugiados sirios, sin medir las consecuencias de tal decisión. Los hechos violentos en Francia, Berlín y Turquía así lo evidencian. Hasta hoy, la actual administración no define una posición sobre el conflicto en el Cercano Oriente. Tampoco ha podido encontrar una solución al diferendo comercial con Colombia (pese al fallo reciente de la OMC a favor de Panamá) y Venezuela (deuda de empresarios venezolanos con Zona Libre de Colón).

La crisis humanitaria, cuyos protagonistas han sido miles de migrantes irregulares, demuestra las debilidades de Panamá en la aplicación de una política de Migración coherente en una frontera sumamente porosa, como la colombo-panameña, y en áreas limítrofes con Costa Rica. El fenómeno sigue creciendo, debido al alto flujo migratorio a través de este país.

Otro ejemplo de la inoperante política exterior panameña, ha sido la publicitada reunión tripartita de los presidentes de Colombia, Costa Rica y Ecuador, sobre el cierre de sus fronteras marítimas comunes entre los mencionados países en el Pacífico. Hay que añadir el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en relación con la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, en el mar Caribe (sentencia de 19 de noviembre de 2012). Panamá demostró que no tenía idea de lo sucedido, siendo las fronteras marítimas de cualquier país delimitaciones sobre las cuales se ejerce soberanía (mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva).

La política exterior debe estar dirigida a garantizar los intereses de sus nacionales. Para que sea posible identificar responsablemente esos intereses, es indispensable que haya un proyecto nacional, un proyecto país. Varela y el actual gobierno no lo tienen.

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