Es imposible que un Estado débil sobreviva al fracasado de la Justicia, doblegada por el peso de escándalos de corrupción que no dejan lugar a dudas de la venalidad y penetración del crimen organizado en la esfera pública. Las investigaciones sesgadas del caso Odebrecht confirman la existencia de una red criminal que llegó a dirigir y minar al gobierno, además de validar el soborno.
En la lista de implicados en el pago de coimas millonarias hay políticos, empresarios, banqueros, financistas, aristócratas y asesores de campañas electorales autoproclamados paladines de la democracia y la transparencia. Sobre esa mafiocracia, con conexiones internacionales, recae la condena de los ciudadanos y el dedo acusador de una población presa de la impunidad.
Una elite asquerosa, desprovista de honradez y patriotismo, sigue decidiendo al margen de la mayoría. Mientras, muchos observan con pasividad cómo el virus de la corrupción se propaga y carcome las bases de los órganos del Estado, en vez de reaccionar con dureza para poner tras las rejas a los principales responsables de la mayor historia de latrocinio, expolio y degradación
Las formas de corrupción abarcan el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio, además, de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. Ese alto nivel de corrupción es la vía hacia el narcotráfico y el lavado de dinero.
El procedimiento judicial de homologación implantado en la Corte Suprema no ha introducido elementos nuevos sobre la red de corrupción de Odebrecht, que cubre al sistema de justicia y a un gobierno entregado a las multinacionales, que carece de autoridad moral para enderezar a la administración pública y vencer al capital financiero que oprime a la población panameña.
En un país de electores adocenados, es difícil ver cambios que remuevan el cáncer que carcome al Estado agonizante. La Justicia apesta y contribuye a la pérdida del patrimonio nacional y al despiste de un pueblo que ha guardado sus banderas de lucha en vez de desplegarlas para presidir una fuerza arrolladora contra el colapso institucional, la coima, el fraude y el pillaje sin castigo.
La tarea cardinal es la apuesta por el Estado nacional para el diseño de un país seguro, en el que se respete la soberanía y se ponga fin al sistema de sobornos. No se puede aceptar que el Estado sea un pozo séptico y que sus ciudadanos sigan sometidos a los poderes fácticos que encadenan al país y le imponen una agenda vil de dominación perpetua y un dogal despreciable.
