Por Toracio Iturralde
Docente.
Redacción de Bayano digital
La primera pregunta que nos asalta es ¿Por qué? Las autoridades y algunos ciudadanos nos dirán que al final los más perjudicados son los estudiantes ya que interrumpimos el proceso de enseñanza aprendizaje. Otros justificaremos tal acción porque a los panameños nos han dejado sólo esta opción para reclamar lo justo y necesario.
La educación panameña es comparada siempre con la educación de otros países como si la realidad fuese metafísica y se pueda sacar el tema educativo del contexto de la realidad política, económica y social de cada uno de ellos. La realidad panameña es concreta. La política económica imperante, con toda la condición social que de ella se deriva, es la de mercado en su variante neoliberal.
Neoliberalismo y educación pública
Para el neoliberalismo el mercado es el único que puede dirigir la economía y en consecuencia la política, la educación, la ética, el derecho, etc. En el contexto educativo, la tendencia es hacer de ella una mercancía y que el mercado regule no sólo quién la imparte sino también su pensum académico. El neoliberalismo también se caracteriza por tercerizar los procesos gubernamentales y minimizar las funciones del Estado.
Los grupos económicos en el poder en Panamá se rigen por la política económica neoliberal, lo que significa que su dirección política en cuanto a educación es la de promover su privatización y desligar al Estado de la responsabilidad que le toca.
Reducida inversión en educación
Es lo único que explica el no cumplimiento de los diversos acuerdos a que se ha llegado con los gremios de educadores. Es lo que explica la reducida inversión en la educación púbica, la poca importancia en cuanto al aspecto estructural y equipamiento de los centros escolares y de las necesidades docentes y estudiantiles.
Las históricas deudas económicas que el Estado tiene con los docentes contrasta escandalosamente con las declaraciones del ministro de economía que coloca a Panamá como el país más rico de la región. La desigualdad en la distribución de la riqueza (que se agudiza con el neoliberalismo) se expresa en gran medida en la decisión de marginar a los docentes en los pagos que les corresponden por la labor profesional que realizan y en asignarle al renglón educativo la inversión que permita su desarrollo cualitativo.
Los acuerdos de finalización de huelgas hacen énfasis en que el Estado invierta el 6% del producto interno bruto en educación. Esta cifra no es un capricho de los docentes. Es lógico establecer ese porcentaje, y aún más, en un país que se caracteriza por el nivel de crecimiento económico. Se hace necesario invertir adecuadamente para la formación integral de las generaciones futuras.
Descapitalización del plan de retiro de los educadores
Otro tema es el plan de retiro autofinanciable para el mejoramiento de la calidad de vida en el que se aportan 7.90% del salario devengado durante la vida laboral del docente, en la que el estado aporta el 4.40% y el docente el 3.50%. El PRAA nace con la eliminación de la ley 8 de 1997 sobre jubilaciones especiales. Se proyecta descapitalizarla y en consecuencia hacer desaparecer el beneficio aportado por el Estado (para que el mercado defina la política del plan de retiro) en detrimento de la calidad de vida del docente.
¿Por qué los educadores vamos a la calle?
Todo el desequilibrio presupuestario, las condiciones laborales de los docentes y de aprendizaje de los estudiantes en el contexto de las condiciones infraestructurales de los centros educativos, las condiciones futuras de retiro docente y el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado, definitivamente, no contribuyen a que el proceso de enseñanza aprendizaje se realice con la calidad deseada.
Es por todo ello que el viernes 27 de abril los docentes estarán otra vez en las calles luchando contra la política que margina a los estudiantes de los estratos populares, contra la política de irrespeto a las condiciones de vida de los docentes a los que se les adeuda, contra la política de mercado que pretende mermar la calidad de los procesos educativos en el ámbito de la escuela pública. Porque, cuando un educador está luchando le da formación cívica a ésta y a las futuras generaciones.
