MANIFIESTO AL PAÍS

0
9

La sociedad panameña más que estupefacta, quedó alarmada ante la decisión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al pretender modificar el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Los diputados en esta ocasión deseaban establecer un nuevo paradigma. Aspiraban a interpretar la norma constitucional que solamente les permite rechazar o aprobar el presupuesto, con tal de alcanzar su inconfesable objetivo. La necesidad según ellos, era obtener mayores ingresos del canal para sus obras de “interés social”. Recurrieron a la mecánica modalidad de recortar inversiones, en renglones vitales, para el buen funcionamiento del canal, con tal de obtener 200 millones de más.

Esta acción dejó de ser una inocente travesura, convirtiéndose en un precedente funesto para la explotación de nuestra posición geográfica. Rayando en una acción delincuencial, ignoraron nuestros honorables diputados que el Canal de Panamá es la espina dorsal de la economía panameña, y que toda afectación a su buen funcionamiento atenta contra otras actividades económicas, financieras, industriales, productivas y de servicio de Panamá. También se les olvidó que la mejor manera de obtener mayores ingresos directamente de la actividad canalera, está íntimamente vinculada al mantenimiento y manejo eficiente del canal. Sin dejar por fuera, la capacitación y un buen clima laboral en el talento humano que sustenta esta actividad.

Por consiguiente, todo lo que dañe al Canal de Panamá, afecta la conciencia de los panameños. El canal en manos panameñas fue una conquista lograda a través de largos años de lucha y sacrificio. No debe quedar a merced de los deseos circunstanciales y egoístas momentáneos. Sus beneficios deben dedicarse a lo que se prometió, es decir, al uso más colectivo posible.

Si los diputados de manera sincera desean que esos recursos sean debidamente utilizados, bien pueden establecer una legislación mediante la cual, la nación panameña conozca cómo y en qué se invierte esos dineros. Todo el país se lo agradecería.

También podrían valientemente debatir el desarrollo de otros negocios que aumenten los ingresos al Estado panameño y romper con las limitaciones que quieren seguir imponiendo algunos pocos privilegiados, para que la ACP solamente se dedique a pasar buques, mientras que ellos se apoderan privativamente de esas Otras actividades rentables.

La reacción de la comunidad panameña expresa con nitidez que deben sacar sus
tenebrosas manos de la ACP, todos los filibusteros de hoy. Se requiere el respeto
categórico a la autonomía de la entidad canalera.

El camino fácil es asaltar las arcas de la ACP con el argumento falaz de propiciar inversiones de carácter social. Sigue siendo una necesidad planificar el desarrollo económico de Panamá, para alejarlo de estos asaltadores que de tiempo en tiempo aparecen y seguirán apareciendo.

A los 40 años de la firma de los Tratados Torrijos- Carter y con 17 años de administrar los panameños eficientemente, con seguridad y alta rentabilidad el Canal de Panamá, se debe impedir que ilusos pongan en riesgo lo que tanto sacrificio nos costó Conquistar. Durante 66 años en los que los EUA eran dueños absolutos del canal, los beneficios eran irrisorios. Es a partir de la vigencia de los Tratados Torrijos-Carter que Panamá obtiene mayores beneficios económicos. Sin embargo, a partir de que los panameños somos dueños del canal, es cuando, nosotros hemos obtenido 13 mil millones de balboas, desde el 2000 hasta el 2017.

La pregunta necesaria es: ¿Qué se ha hecho con esa suma?

La pregunta sigue siendo acuciante, si observamos que para el presente 2017, la ACP informa que desembolsará al gobierno central 1600 millones, lo que significa un incremento de 600 millones entre 2016-2017. Y es más incisiva al Contabilizar desde el año 2000 hasta el 2017, ya que los aportes directos del canal a la sociedad panameña rondan los 13 mil doscientos millones; que de acuerdo a las proyecciones para el 2018, los aportes calculados van a superar los 14 mil millones entregados en un lapso de 18 años. Repetimos la pregunta: ¿En qué hemos gastado esas sumas?, ¿Quién o quiénes nos han robado la esperanza y nuestros Sueños?

Por todas estas razones, es imperativo que los verdaderos dueños del canal, que somos todos los panameños, exijamos conocer con la mayor transparencia el uso y el destino de nuestra riqueza canalera.

Si lo que verdaderamente anima a determinados políticos es propiciar un desarrollo económico sostenido, incluyente y solidario bien pueden, desde la Asamblea Nacional, propiciar ese debate en el que participen todos los panameños.

Panamá, 21 de septiembre de 2017

Descargar fuente: Manifiesto Universidad de Panamá

No hay comentarios

Deja un comentario