Lisinopril: salen a relucir intereses económicos

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Industria de medicamentos envuelta en situaciones que exigen efectivos controles de Salud en Panamá.

“Sabemos que existe un control despótico de parte de la industria farmacéutica transnacional sobre los medicamentos […]”

Por Roberto A. Pinnock R.
Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá

Respecto del tema específico de la “Suspensión de uso y comercialización del producto comercial de la LISINOPRIL USP 20 mg.”, existen pocas dimensiones de dónde encontrar la explicación sociológica de este asunto, si es que queremos hablar de la raíz del mismo para erradicar lo que ha dado muestras de ser un problema recurrente en el sistema de salud pública y particularmente ‒lo que invita a la suspicacia‒ en la Caja de Seguro Social (CSS). De esto, quiero compartir verdades que vienen a mi mente, en el entendido de que a preguntas correctas, respuestas más fácilmente acertadas.

Hay un control despótico de parte de la industria farmacéutica transnacional sobre los medicamentos a través de mecanismos legales y extralegales. Entre ellos, están los precios prohibitivos, en función no del contenido de los “productos” farmacéuticos, sino de los costos incurridos en publicidad y “marketing”, además de los fraudes en que suelen incurrir sin que mermen sus ganancias y sin que a esta altura se haya clausurado alguna de esas corporaciones por sus actos de “lesa humanidad”. En EUA, sólo en el año 2016, una de estas gigantes pagó al Tesoro de este país casi 1.300 millones de dólares por multas impuestas. Esta corporación obtuvo unos 55.000 millones de dólares por sus ventas físicas y alrededor de 100.000 millones de dólares en la Bolsa de Valores de New York (los curiosos de bolsas de valores probablemente ya sabrán de cuál transnacional hablo).

Pacientes en la CSS, solicitando medicamentos con recetas médicas. (Foto: Panamá América)

Otro mecanismo, es sacar de competencia a la industria de los países subdesarrollados que tratan de posicionarse en esta actividad, a través del llamado costo de adhesión a los estándares de calidad. Aquí, estas corporaciones establecen estándares que no necesariamente resultan en una mejora terapéutica de los medicamentos, pero sí en el control del mercado al ser de costoso cumplimiento para las industrias tercermundistas y con esto, la elevación del precio de quienes terminan controlando el mercado.

En el caso que nos ocupa, los voceros institucionales de salud pública afirman que las pruebas de laboratorio para la renovación del registro del LISINOPRIL USP 20, elaborada por una industria del tercer mundo (India), no miraron esta particularidad, sino sus propiedades farmacológicas, como parte de una vigilancia rutinaria ‒en la que suele no mencionarse al Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad de Panamá‒, resultando que no alcanzó el estándar que se pactó en su compra.

Política, ética e institucionalmente, lo actuado por la dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) y la Comisión de Medicamentos ‒no localizadas en la CSS‒ merece un aplauso masivo, si efectivamente fue eso lo que motivó la decisión para la acción en comento. Es más, debería sancionarse ejemplarmente a esta empresa productora y sus agentes comerciales locales, por atentar contra la salud de nuestra población asegurada; aunque creo que ya aquí pido peras al olmo.

Este acto del Minsa, aun cuando para algunos deja la impresión de que esa prueba debió haber sido antes y no después que llegó a manos de abundantes hipertensos, revela un ejercicio soberano de la principal institución de salud pública, toda vez que no se dejó el criterio decisorio en manos de lo que dijera la FDA (agencia homóloga de EUA), como lo andan proponiendo algunos agentes del sector salud que velan más por los intereses de las transnacionales, que del derecho a la salud de los panameños.

Por lo dicho hasta aquí, formulamos dos interrogantes acerca del retiro de la Lisinopril de marras: ¿obedece a un ardid de la próspera pero inhumana industria farmacéutica transnacional para sacar de competencia a una de sus rivales emergentes de un país del tercer mundo?, o ¿ha sido una meritoria acción de ejercicio de nuestra soberanía en la protección de salud de los panameños?

Como deseo lo bueno en este nuevo año, intuyo que se dio la segunda opción. Como investigador científico, seguiré estudiando estos problemas bajo la premisa de que no todo en el sector salud tiene siempre la misma causa, pese a que sí las mismas determinaciones sociales.

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