La Justicia ajustada al valor mercantil

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Desde tiempos inmemoriales, la Justicia ha servido para zanjar diferencias entre tribus, clanes y sociedades con estructuración compleja, incluidos reinos y territorios emancipados o en fideicomiso, para crear las bases de los armisticios, garantizar la buena gobernanza y poner punto final a antiguas disputas sobre diferendos, litigios, actos punibles y procesos de legitimidad.

Sin embargo, su deterioro o ejercicio ineficiente equivale al quebrantamiento de los sistemas que fundamentan la confianza en el Estado y en la vigencia de modelos deliberativos imparciales y transparente, sin injerencias externas. Precisamente, es todo lo contrario de lo que ocurre en Panamá, atrapada por la corrupción, los escándalos y graves denuncias de prevaricato y venalidad.

Muchos podrían colegir, erróneamente, que el estado calamitoso se debe a asuntos coyunturales marcados por las diferencias entre fiscales y jueces. No obstante, la explicación es más compleja y su origen debe buscarse en la forma como el capital financiero ha apostado por el control de los poderes del Estado y las cúpulas de los partidos políticos y fuerzas de seguridad, para subordinarlos.

Las élites económicas que dirigen al gobierno necesitan tomar el control pleno de la esfera Ejecutiva, Judicial y Legislativa para seguir aplicando su modelo succionador de las enormes riquezas nacionales vinculadas a la posición geográfica de Panamá. En ese contexto, la Justicia figura como un botín del gran negocio de adjudicarse, por diversos medios, el dominio absoluto del país.

El sorpresivo anuncio de la designación en la Corte Suprema de Justicia de dos magistradas allegadas a la cúpula gobernante ha herido la epidermis de las organizaciones sociales, que presencian en esas decisiones oficiales la falta de escrúpulos, el desprecio por la institucionalidad y la preponderancia de lo burdo sobre lo ético. Así, muchos descubren que la Justicia tiene precio y se compra.

Del mismo modo en que algunos jueces vendieron sus fallos y liberaron a narcotraficantes de sentencias ejemplares, a cambio de beneficios recibidos en secreto, ahora el gran capital ha actuado con soberbia, con tal de asegurar que el Órgano Judicial sea fiel al poder financiero. El propósito es asegurar un mayor blindaje en tiempo de crisis, si el Ministerio Público llegase a sublevarse.

El inaceptable procedimiento oficial en materia de Justicia revela un comportamiento ruin, un desprecio a los anhelos de las capas medias víctimas de los atropellos y una abrupta ruptura con el orden en el debilitado Estado nacional, cada vez más supeditado a los intereses antinacionales y al expolio de las multinacionales. Convendría saber cuántos están dispuestos a aceptar ese camino.

Diversos gremios, entre ellos el Colegio Nacional de Abogados, rechazan la designación de ambas magistradas, mientras que algunos ciudadanos descontentos aceptan con resignación las medidas y aducen dejárselo todo a Dios, olvidando el mensaje celestial que dice: “Justicia, justicia perseguirás para que puedas vivir y heredar la tierra”, en vez de andar en vergüenza y oprobio.

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