La Junta Directiva del Canal y su laberinto
Por José Dídimo Escobar Samaniego
Cédula: 7-84-41
Cuando se empezaba a construir la ampliación del Canal de Panamá, surgieron en los astilleros de Corea del Sur, contratos significativos para la construcción de barcos clase Triple E, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga. Se trata, de auténticos colosos de acero con una capacidad de 18.000 TEUS (contenedores de 20 pies de largo).
El diseño de las esclusas ampliadas permite el acceso a buques hasta 54 metros de ancho, y sólo por cinco metros adicionales no pudimos, de una sola vez, hacer viable una competitividad estratégica de la vía acuática.
Esa decisión en la modificación debió ser de la Junta Directiva del Canal, compuesta sólo por empresarios, y ausentes los sectores profesionales y populares que lucharon por la conquista de la Soberanía Nacional. Ese error de cálculo, que desdeñó el interés estratégico del pueblo panameño, a dos años de la inauguración del proyecto de la ampliación, nos tiene en la condición de tener que mirar otras opciones en breve, para no quedar rezagados de la competitividad del tráfico mundial de mercancías.
Al día de hoy, la ACP y su flamante Junta Directiva, no le han informado al pueblo panameño la situación en que se encuentra el proceso de arbitraje en los que la empresa española Sacyr y el resto del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), han sometido su pretensión que terminaría por costarle al pueblo panameño tres veces más el valor con que se ganaron la licitación hace más de 10 años, y que ascendería a la friolera de más de 10.000 millones de balboas.
El presidente de la República tiene que nombrar en los próximos meses el remplazo de cuatro integrantes de esa Junta Directiva para intentar limpiar el nombre de esa entidad, algunos de los cuales están salpicados por actos de corrupción e, incluso, dos connotados empresarios están siendo buscados por la Policía Internacional para que comparezcan a procesos de investigación.
El Estado panameño ha sufrido serias y significativas lesiones económicas, que constituyen delito conforme a la ley penal, lo cual es un escándalo de proporciones mayores.
Empero, dado el comportamiento sostenido y la ineptitud del Señor Varela, no se tiene esperanza de que se nombre en la Junta Directiva del Canal a personas competentes del sector popular, sino sólo empresarios de su entorno, que han comprometido seriamente el buen nombre de nuestro país.
¡Por un país decente y una patria para todos!
