La sociedad panameña vuelve a ser sacudida por escándalos de corrupción, que revelan, por un lado, el deterioro de la clase gobernante, y por otra parte, confirman el desgaste de un modelo económico que ha servido para la acumulación de riquezas mal habidas, el derroche y el expolio de los recursos del Estado, mientras perduran los patrones de inequidad y exclusión social.
Nadie debería sorprenderse ante los estallidos de hechos que denigran a la imagen del país y sus figuras dirigentes. La ola de escándalos es universal y aflora como un elemento disuasivo que impide consolidar un proyecto regional en un clima de turbulencia política. Sería infantil no percatarse del trasfondo de los notorios e impactantes casos de soborno y sus resultados ulteriores.
Las fuerzas progresistas de la sociedad panameña tienen el deber de entender la dimensión de las denuncias sobre actos ilícitos que dejan mal parado al gobierno y a las instituciones responsables del sistema judicial, pero hay que comprender que la corrupción es un comodín utilizado para el chantaje y la desestabilización regional en forma planificada, marginando a las mayorías de decisiones claves.
En el pasado, cuando eran emprendidos los golpes de Estado, los argumentos del anticomunismo y las preferencias sexuales de figuras públicas servían a los mismos propósitos de descrédito, y terminaban por atrapar como un espectro las mentes de una población desprevenida, que a falta de un programa propio, extendía un cheque en blanco a elementos oscuros y antidemocráticos.
La crisis institucional de Panamá es más profunda de lo que se percibe a través de los escándalos de Odebrecht y Lava Jato, y debería provocar una seria respuesta en el diseño de proyectos sociales coherentes, para orientar las tareas de unidad de los sectores populares, que en la actualidad son distraídos por sucesos mediáticos generadores de desaliento moral, incredulidad y frustración.
Sin una organización política fuerte, de amplia base, será casi imposible impedir que se resquebraje totalmente el modelo que durante largo tiempo estimuló el descarado saqueo de los recursos del país y la operación de instituciones que justifican y amparan los desmanes cometidos. Para romper ese molde, hace falta una nueva cultura política y recuperar la confianza de una población aturdida por el morbo, el fraude, el escarnio y la impunidad.
El compromiso de enfrenar la corrupción agravada implica imponer un dogal al sistema que lo genera y ejecutar un programa de cambio y movilización social efectiva, en procura de objetivos claros de desarrollo, soberanía e independencia. Es una tarea inaplazable del movimiento popular, construir una confiable institucionalidad en el país para recuperar las conquistas perdidas y desbloquear el camino de la liberación nacional, presidido por banderas de luchas.
