Honduras decreta el toque de queda y suspende garantías constitucionales

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Durante cinco días la población hondureña se volcó a las calles a protestar contra el fraude de las pasadas elecciones.

Redacción de Bayano digital

  • Salvador Nasralla, cadidato presidencial de oposición, rechaza la suspensión de las garantías constitucionales decretada por el gobierno de Honduras para sostener el fraude electoral.

El secretario del Consejo de Ministros de Honduras, Ebal Díaz, ha anunciado este viernes la suspensión de varias garantías constitucionales y el toque de queda a partir de las 11 de la noche, según La Prensa.

El toque de queda se extenderá durante díez días, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. El Gobierno ha transferido al Ejército el derecho de controlar la seguridad hasta que se restablezca el orden.

  • “En consejo de ministros se aprobó la suspensión de garantías constitucionales para que las fuerzas armadas y la policía nacional puedan contrarrestar esta ola de violencia que se ha desatado en el país”.
  • “Se prohíbe la libre circulación, la cual se restringirá conforme a los parámetros” de territorio y duración fijados en los comunicados en los que se establezca el toque de queda.
  • Se prohibe “emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público”.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), “a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones”, indica el decreto.

La violencia de supuestos elementos infiltrados en las protestas contra el fraude, provocan la suspensión de las garantías constitucionales en Honduras.

Establece la detención de “toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda), o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares, de causar daños a las personas o sus bienes” y “aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos”.

Se ordena, asimismo, “el desalojo de toda instalación pública que haya sido tomada por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la ley”.

El decreto ordena a todos los ministerios y demás instituciones del Estado, en el ámbito local, “poner a disposición de la Policía Nacional , la Policia Militar y las Fuerzas Armadas, sin dilación alguna, los medios a su disposición que les soliciten para el desarrollo de las operaciones”.

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