Fantasma de la privatización anda sediento
Las sospechosas y frecuentes suspensiones del servicio de agua potable en zonas urbanas de mayor concentración demográfica han desatado una serie de conjeturas y recrean el caldo de cultivo para que sectores del capital financiero vuelvan a insistir en el proyecto de privatización de la empresa estratégica que garantiza el suministro a la población del vital líquido en Panamá.
El estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha sido injustamente relegado y convertido en el sumidero de críticas orientadas al desprestigio y a restarle apoyo en caso de una embestida privatizadora. Grupos económicos poderosos ven en el manejo del agua una fuente de riquezas y están dispuestos a todo para echarle el guante encima.
La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, localizada en la comunidad de Chilibre, en la capital panameña, es la mayor en Centroamérica. Genera 250 millones de galones diarios de agua potable para el consumo humano. En realidad, debería de estar en óptimas condiciones operativas en 2018, tras la incorporación de nuevos y eficientes dispositivos que aumentan su capacidad.
Muchos desconocen que de espaldas al proyecto de desarrollo nacional que esgrimen sectores sociales, hay grupos hegemónicos que conspiran para ver al pueblo panameño tomando agua de su mano, a cambio de dinero contante y sonante, lo que configura una estrategia regional para arrebatar a los países los recursos hídricos aún no privatizados e imponerles la exclusión.
Cada vez más, los medios reflejan las protestas en comunidades que se quejan ante la falta de agua en sus hogares. El problema se agudiza con el control de las fuentes hídricas, el deterioro de las cuencas, el manejo del agua cruda de las potabilizadoras, y la tercerización de servicios públicos. Sin embargo, ese escenario no va mejorar a través de la privatización urdida tras bambalinas.
Por el contrario, los grupos que representan a la corriente privatizadora lo quieren todo, incluida la facturación y hasta los acueductos rurales administrados por las comunidades. No se conforman con ser espectadores en un país donde pretenden transferir la riqueza hídrica a manos privadas, bajo el argumento falaz de que son mejores administradores que el Estado.
Panamá necesita proteger en forma adecuada todas sus cuencas hidrográficas, garantizar el papel rector del Estado y completar el sistema de interconexión de líneas de abastecimiento y realizar una reforma profundas al anticuado modelo de alcantarillados. Es el momento de dar sentido a la declaración de Naciones Unidas, sobre el derecho humano al agua limpia y al saneamiento.
