Estafas, fraudes y “malas prácticas” sacuden al sector inmobiliario en Panamá

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Trayectoria y caída del auto desde el área de estacionamientos del edificio PH Breeze, en Costa del Este. (Fotos: @lupecastillero9- @BernardoLuzardo).
  • Los rascacielos en la urbe capitalina suelen proyectar una imagen de prosperidad económica, pero son también foco de conflictos y de “malas prácticas” en la construcción.

  • Al sector han concurrido gente sin escrúpulos que busca obtener en el desarrollo de complejos habitacionales la ganancia rápida, sin acatar principios de seguridad.

Por David Carrasco

La caída de un automóvil ocupado desde el tercer piso del edificio PH Breeze, en el exclusivo sector de Costa del Este en la capital panameña, conmovió al país entero por las desgarradoras escenas de muerte. Sin embargo, ha servido para insertar en el debate público un tema pendiente en la agenda nacional dominada por escándalos de corrupción: fraudes y malas prácticas en el sector inmobiliario.

El Ministerio Público emitió un comunicado para referirse al lamentable hecho acaecido en la Semana Santa. “La Sección de Homicidio / Femicidio del área Metropolitana y el equipo del Ministerio Público investiga un accidente ocurrido la tarde de este miércoles 28 de marzo en el sector de Costa del Este, donde tres personas murieron y una menor de edad lucha por su vida en el Hospital Santo Tomás”, precisó la nota oficial.

Según el comunicado oficial, la investigación emprendida por el fiscal Rafael Baloyes para encontrar la verdad, “arrojará cualquier otro elemento de convicción” para establecer “una hipótesis del caso”. “Vamos a establecer con una investigación científica las causas de este hecho”, sentenció el fiscal luego de acudir al área acordonada por el personal especializado en Criminalística.

No obstante, en un suceso similar, en otra parte del mundo, habrían sido detenidos en forma inmediata los responsables de ese proyecto inmobiliario, en el que imágenes fotográficas y tomas fílmicas de la televisión local revelan fallas para garantizar la seguridad física de residentes y visitantes. ¿Qué explicación tiene que un carro atraviese el área de estacionamientos de un edificio de lujo y caiga al vacío, sin que ningún agente municipal hubiese detectado esas falencias?

Muchas construcciones son inseguras o fueron diseñadas sin tener en cuenta las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Panamá para responder con premura ante casos de urgencia. La fragilidad de estructuras, el uso de materiales inadecuados o la colocación de barreras metálicas o de concreto que no figuraban en los planos originales, impiden muchas veces acceder a zonas colapsadas para realizar rescates, lo que debería acarrear responsabilidades legales.

El fraude es la respuesta

Aunque se intente atribuir la causa del suceso en el PH Breeze a fallas mecánicas y técnicas al vehículo accidentado, es insostenible el argumento de que en un área estrecha, limitada por el espacio, un vehículo desarrolle la fuerza para sobrepasar las barreras de seguridad en un edificio de reciente construcción, y salir proyectado fuera del complejo habitacional, con resultados letales y trágicos. Un principio de presunción sugiere la falta de medidas adecuadas y, por tanto, la posibilidad de exigir el pago de indemnizaciones.

El secretario general de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, confirmó a Bayano digital que la industria de la construcción está “plagada de fraudes” y que quienes adquieran una vivienda deben estar prevenidos de que permisos y planos de construcción pueden haber sido adulterados, para proveer menos metros cuadrados en la propiedad adquirida con préstamo hipotecario, lo que configura un delito punible.

Acosta resaltó que muchas familias “se embarcan” en una aventura financiera para tratar de materializar el sueño de sus vidas, de habitar una casa o apartamento dignos, pero luego se percatan de que el contrato con las promotoras que rige sobre el bien adquirido presenta vicios ocultos y que la edificación tiene problemas estructurales, lo que se traduce en un calvario para tratar de salvar su inversión u obtener justicia en las instancias oficiales.

En nuevas barriadas construidas es frecuente encontrar problemas en las fundaciones, rajaduras en las columnas de soporte y la estrechez de los desagües. Ni siquiera el Canal de Panamá, con una gran capacidad de gestión, se libró de los problemas de filtraciones en el tercer juego de esclusas, a cargo del consorcio internacional GUPC, debido al insuficiente uso de acero en las paredes de las cámaras.

Las cifras no mienten

Del 2014 al 2017, los consumidores interpusieron 14.919 quejas por un valor de 176,2 millones de dólares ante el Departamento de Conciliación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). La actividad inmobiliaria ha encabezado es estadística con 2.581 denuncias, por un monto de 129,4 millones de dólares en ese período, y los reclamos no cesan.

La Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá es responsable en la urbe de la Revisión y Aprobación de los Planos para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo Nº116 del 9 de julio de 1996, Normas de Desarrollo Urbano, Leyes, Resoluciones, Acuerdos y Decretos vigentes que regulan la materia, y otorgar el correspondiente permiso.

Sin embargo, esa misma Dirección, rectora de la misión de velar por el crecimiento ordenado del distrito de Panamá, reconoce que le falta personal y que el 70 por ciento de las construcciones en la metrópoli son ilegales, al incumplir normas vigentes, con inclusión de los planos. A esas dificultades se suma el hecho de que inspectores municipales deben ingresar acompañados de policías a proyectos de construcción para verificar la ejecución de obras.

José Batista, ex viceministro de Vivienda y asesor de la junta directiva de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), sostuvo en declaraciones a los medios locales que en alguna medida las “malas prácticas” en la industria pueden ser atribuidas al cobro de “coimas” por parte de algunos servidores del Estado y a los desalentadores trámites burocráticos para obtener permisos.

Añadió que algunas empresas constructoras inician los proyectos urbanísticos en Panamá sin contar con los respectivos permisos e incluyen en su presupuesto el pago de multas por ese motivo, lo cual es menos oneroso que tener la obra paralizada. Pese a ello, ese procedimiento genera conflictos y desorden en la industria, lo que repercute en la seguridad y la calidad de las construcciones.

Peritos de criminalística en el lugar del hecho acaecido en Costa del Este. (Foto: Panamá Política).

Los “piraras”, otro problema del sector

La Spia ha ido más allá de observaciones, al criticar a la Alcaldía de Panamá por “incumplir” presuntamente normas y procedimientos urbanísticos sobre los usos del espacio público, en la ejecución del millonario proyecto de revitalización urbana. Esos cuestionamiento son rechazados en forma tajante por el acalde José Blandón, quien declaró abiertamente que trabaja en la recuperación de la ciudad y en garantizar las edificaciones seguras y la transparencia.

Sin embargo, la industria de la construcción y el sector inmobiliario han sido invadidos por la proliferación de actos que empañan al sector. De hecho, la procuradora general, Kenia Porcell, afirmó que que hay siete constructoras investigadas por el caso penal “Blue Apple”, de “lavado de dinero”. La Cámara Panameña de la Constructora (Capac) respondió que aunque las principales constructoras del país pertenecen a su gremio, éstas no tienen injerencia en las actividades comerciales de la empresa, lo que es necesario aclarar para el conocimiento y dominio público.

Otro problema ha surgido en la esfera de venta de propiedades. Al respecto, Xenia Kwai Ben, directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), admitió que en los últimos años ha proliferado la figura de “piratas”, que son personas dedicadas a realizar intermediaciones en los alquileres y compraventa de propiedades, sin la debida licencia.

Indicó que los llamados “piratas” evaden responsabilidades, exponiendo a su vez a sus clientes a posibles estafas y “malas prácticas”, que van en perjuicio de su inversión. Asimismo, detalló que esas personas son evasores fiscales por excelencia y violan el Decreto Ley No. 6 de 8 de julio de 1999, “Por la cual se reglamenta la profesión de corredor de bienes raíces y se crea la Junta Técnica de Bienes Raíces en el Ministerio de Comercio e Industrias”.

El “boom” inmobiliario empieza a pasarle factura a los panameños y extranjeros que escogen a este país para fijar su residencia. Por ello, diversos analistas del sector consideran que es necesario frenar los abusos y hacer cumplir las leyes en contra de conductas permisivas que convierten en víctimas a consumidores y compradores. Nadie puede aceptar que la morada donde se desarrolla el núcleo familiar, se convierta en presa de estafas, fraudes o lugar de muerte.

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