Envenenados exigen investigar crimen de lesa humanidad en Panamá

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Pedro Montañez exigiendo Justicia en las calles.

Graves casos de contaminación con dietilenglicol ocurrieron en Panamá en la década de 1960 y el 2006, en un abierto desafío a los controles médicos y farmacéuticos.

Por David Carrasco

Pedro Montañez, uno de los sobrevivientes en el caso del mayor envenenamiento masivo registrado en Panamá en 2006 y que provocó la muerte a 1.307 personas, calificó ese hecho de “crimen de lesa humanidad”, y sostuvo que “no hay verdadera Justicia para las víctimas y sus familiares 12 años después”.

La vida de Montañez cambió en forma drástica el día en que fue llevado al Cuarto de Urgencia de la Caja de Seguro Social (CSS), con síntomas de haber sufrido un infarto. A su alrededor había una pila de cuerpos inertes y médicos con rostros cubiertos con máscara, como si fuese el escenario de una pandemia.

Todos los afectados fueron víctimas, sin saberlo, del llamado síndrome de parálisis e insuficiencia renal aguda (SPIRA), provocado por el consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol, entre ellos un jarabe expectorante e histamínico sin azúcar, recetado para gripe, tos y resfriado producido por la CSS.

La peligrosa sustancia, utilizada como refrigerante y solvente industrial, fue encontrada, además, en la difenhidramina (antihistamínico para resfriado), calamina para uso externo y pasta al agua (loción para la piel), elaborados por el laboratorio de la CSS. Muchas personas fueron afectadas por consumir el tóxico que fue absorbido por las vías digestivas y respiratorias y contacto prolongado por la piel, según los informes médicos.

Montañez calificó al Estado de “negligente”, al haber demorado demasiado en enfrentar el problema, que se originó al ser burlados los protocolos de seguridad y las normas elementales en la preparación de medicamentos. Indicó que los afectados vivieron un “verdadero calvario” para que la Justicia se pronunciase a su favor y aún están pendientes de resolución demandas para el pago de indemnizaciones y reparaciones económicas a las víctimas.

Los demandantes están divididos en varios grupos, pero las indemnizaciones deberían superar los cinco millones de dólares, según han estimados varios abogados vinculados a hechos acaecidos durante la administración presidencial de Martín Torrijos. Por ello, el Estado ha sido emplazado para que pague por los daños causados a la población panameña.

Montañez estimó que hay un subregistro de casos, ya que en las farmacias de la CSS y en las caravanas de atención comunitaria realizadas por el Ministerio de Salud fueron distribuidos más de 264.000 frascos de jarabe contaminado con el veneno. Esos productos envasados fueron entregados para su consumo antes de que estallase el escándalo, lo que sugiere que hubo decesos desvinculados inicialmente con la contaminación masiva.

Movilización de los familiares de las víctimas.

Tras 12 años de aquel episodio, BBC Mundo realizó un amplio despliegue de lo ocurrido. En su sitio web en Internet publicó una extensa nota sobre los afectados con el dietilenglicol en Panamá, incluido el testimonio de Amita Quintero, cuyo hijo se convirtió en víctima del llamado “jarabe de la muerte”. Indicó que “el día de su quinto cumpleaños, a mi hijo le dieron de regalo veneno, en vez de un medicamento”.

¿Cómo ocurrió la contaminación?

La historia se remonta a 2003, cuando la CSS compró cerca de 9.000 kilogramos de lo que se suponía era glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que la había adquirido de la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., quien se la compró al grupo chino CNSC Fortune Way Company. La operación comercia triangulada, sin controles de calidad, derivó en una verdadera tragedia y reveló la presencia de mafias en el negocio internacional de medicamentos e insumos médicos.

Las investigaciones en China culminaron en el fusilamiento de los responsables, mientras que un tribunal español terminó por desestimar una querella penal panameña. En Panamá, aún siguen abiertas las heridas por las pérdidas humanas y la falta de Justicia, lo que genera protestas entre los afectados y parientes cercanos.

Montañez recordó que 12 de sus familiares fueron afectados por el jarabe contaminado, cuyo componente tóxico fue comprado en 2003 por Samuel Rivera, actual director general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y ex secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Los sobrevivientes al dietilenglicol reclaman cuidados médicos especiales, debido a la destrucción de tejidos y daños internos que perjudican la coordinación motora y el sistema hepático. En 2017, unas 537 personas fueron reconocidas por el Ministerio Público como afectados por dietilenglicol y reciben una pensión vitalicia de 600 dólares mensuales, sobre la base de la ley 20 de 2013, que fue modificada por la ley 12 de 7 de abril de 2015, de acuerdo a la planilla que mantiene la CSS.

Sin embargo, Montañez adujo que nada puede compensar a las víctimas del “jarabe de la muerte”, que fueron en busca de un remedio y terminaron enfermos o muertos. Remarcó que ha vivido una “verdadera Odisea”, con trámites interminables y un permanente clamor de Justicia para que jamás vuelva a repetirse o quede impune un crimen de lesa humanidad en Panamá.

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