En Colón, las políticas públicas tienen como objetivos, liberar espacios en el casco urbano para las inversiones comerciales e inmobiliarias de alta renta y concentrar en la periferia la marginalidad y su núcleo delincuencial.
Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano
En Colón, siempre será junio. En junio de 1966, Colón se insurreccionó por el asesinato del dirigente popular Juan Antonio Navas. Los estudiantes Carlos Mathews, Elvira Miranda y la niña de dos años de edad Damaris Gallardo fueron las víctimas en esa jornada de lucha contra el Estado fallido y represivo, que durante años representó (aún representa) Colón.
En ese junio (al igual que éste), se daba la peligrosa combinación de marginalidad y violencia institucionalizada, reflejada en las políticas públicas del presidente Marco Aurelio Robles –apodado “Marco Rifle”, por la orden que impartió a sus carabineros, de tirar a matar a presuntos delincuentes en los barrios marginales–.
En el prólogo del libro La Insurrección de Colón (en 1966), del profesor Rolando Sterling Arango, Luis Navas describe la situación de la siguiente manera:
El síndrome del “gueto” prevalecía por el hacinamiento en viviendas inadecuadas y el desempleo ante la carencia de inversiones. El ingreso de los trabajadores era bajo, hasta el grado que 4/5 partes recibía menos de B/.150. El 80% de las familias no podían pagar más de B/.30 mensuales por una solución de vivienda. El 64% tenía educación primaria y solamente el 1,8% había cursado el nivel universitario. Es esa realidad, la que explica la reacción violenta de una población burlada en sus aspiraciones.
Con una situación similar, la respuesta del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, fue cambiar todo, para no cambiar nada. El programa oficial “Barrio Seguro”, considerado por la ciudadanía como un soborno a los delincuentes, fue reemplazado por la represión de “Las Águilas”. Al parecer, ese cambio en la política de seguridad fue realizado sin un adecuado análisis de las condiciones económicas, sociales y políticas que afectan a Colón.
Al menos, seis factores económicos influyen en el mercado laboral de Colón: La crisis de relaciones comerciales con Venezuela y Colombia; la virtual quiebra de la Zona Libre de Colón por la pérdida de competitividad y de mercados; los reiterados informes del gobierno de Estados Unidos, que describen a la Zona Libre como centro de “lavado de dinero”; la migración de inversionistas al Área Económica Especial Panamá Pacífico; la lenta ejecución del proyecto Colón Puerto Libre y las sanciones de Estados Unidos al grupo Waked.
Aunado a la pérdida de la fuente de ingresos que representa esta grave situación económica, es visible el deterioro de las relaciones de autoridad que configuran la condición de un Estado fallido. La confrontación (incluso armada) de delincuentes con la Policía, el fracaso del sistema penal acusatorio y el temor y/o complicidad de la ciudadanía, para presentar denuncias de actos delictivos, son indicadores de ese desgaste.
Se hace evidente que las disfuncionalidades de las políticas públicas tienen como objetivos, liberar espacios en el casco urbano para las inversiones comerciales e inmobiliarias de alta renta y concentrar en la periferia la marginalidad y su núcleo delincuencial.
Las estadísticas de criminalidad registran altos índices en los Corregimientos de Barrio Norte, Barrio Sur, Cristóbal, Arco Iris y Los Lagos. Por ello, la política de vivienda va aunada a la “pacificación” de las 16 calles en la Ciudad de Colón, para crear espacios a esas inversiones de alta renta, (es decir, crear una zona de confort para el proyectado Colón Puerto Libre) y concentrar la marginalidad, el hacinamiento y la criminalidad en Los Lagos.
Junio siempre será Colón. Todo cambia, para que nada cambie. Los carabineros de “Marco Rifle” son reemplazados hoy por las “Águilas” de Varela. La marginalidad se esconde debajo de la alfombra en una provincia con una institucionalidad propia de un Estado fallido. El capital privado huye hacia adelante, en espera de que el Estado invierta en infraestructura pública y propicie la limpieza social, con la expulsión de los pobres y sus 46 pandillas de las 16 calles del casco central de la ciudad.
En Colón, otra vez será junio, si los gobernantes se mueven con parsimonia y la abulia dentro de ese Estado fallido, para construir espacios exclusivos a sus donantes, que sin duda cantan al compás del himno de las cajas registradoras.
