El trasfondo de una Asamblea Constituyente

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La propuesta oficialista de reformar al Estado panameño a través de una Asamblea Constituyente, utilizando como pretexto los comicios generales del 5 de mayo de 2019, tendría efecto directo sobre el  Título XIV de la Carta Magna, que en su Artículo 315 reconoce un principio básico de protección que ampara al Canal de Panamá, el principal recurso de estratégico de la población panameña.

El proyecto de crear una quinta papeleta para elegir a reformares de la Constitución que tendrían el visto bueno de la clase gobernante, se perfila como una amenaza al Artículo 315, que reconoce al Canal de Panamá “patrimonio inalienable de la Nación panameña”, que debe “permanecer abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones”, en pleno ejercicio soberano.

Desde la invasión de Estados Unidos a Panamá, dirigida a impedir el desarrollo soberano de este país, surgieron diversas iniciativas para la transferencia al capital financiero de las riquezas generadas por la vía interoceánica y áreas contiguas de vocación portuaria y logística, en perjuicio del principio del mayor uso colectivo posible arraigado en el duro proceso de recuperación de los bienes canaleros.

Sin embargo, la Constitución de 1972 ‒instrumento que privilegió el diseño de un Estado nacional gestor‒ se ha convertido en incómodo obstáculo para los grupos económicos que promueven la usurpación y saqueo del patrimonio nacional. Pese a haber sido sometido a actos reformatorios en 1983, 1993, 1994 y 2004, el texto constitucional aún es una piedra en el zapato para los grupos expoliadores.

La idea de promover la Asamblea Constituyente está precedido de escándalos de corrupción, asalto a las finanzas públicas y una crisis institucional que ha distanciado a los órganos Legislativo y Judicial del poder Ejecutivo. De allí, que el capital financiero esté dispuesto a adoptar una iniciativa que le confiera el absoluto control político del Estado y facultades para aislar al movimiento popular.

En medio de críticas desatadas por un proyecto gubernamental al que los analistas adjudican un efecto de distracción mediática, se asoman en el escenario agentes de la política exterior de Estados Unidos involucrados en las campañas de desestabilización regional que devuelvan a Washington influencia política para aumentar la capacidad de decisión y coerción en el ámbito hemisférico.

A nadie debería sorprender que el lanzamiento de la propuesta de una Asamblea Constituyente se produjo luego de la visita a Panamá del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y del senador Marco Rubio, ambos íconos de la ultraderecha estadounidense, y de cambios introducidos en el Consejo de Seguridad Nacional, que apuntan al alineamiento y tutela de los poderes fácticos.

En ese sentido, hay que advertir la velada amenaza del presidente estadounidenses, Donald Trump, de adueñarse del Canal de Panamá. El rechazo de Washington al acuerdo nuclear suscrito entre Estados Unidos e Irán –al margen del derecho internacional– revela que el Tratado del Canal de Panamá podría tener un destino similar, si es sometido a reformas constitucionales entreguistas y ladinas.

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