Por Alberto Velásquez
Periodista
Recientemente, con el apoyo de varias organizaciones internacionales, fue realizado en la capital panameña un Conversatorio Público sobre el Acuerdo de Comercio de Servicios, más conocido como TISA, el cual fue suscrito por Panamá.
El propósito del Conversatorio estaba dirigido especialmente a transmitir la preocupación de numerosas organizaciones de profesionales de todas las disciplinas, respecto a los peligros que representa ese acuerdo, vigente de manera sigilosa en más de cincuenta países liderados por grupos de interés comercial.
Ese acuerdo forma parte de una serie de tratados comerciales y de inversiones que se han propuesto imponer en el ámbito global las multinacionales y países desarrollados, con el propósito de hacer negocios con los servicios públicos a favor del capital financiero y de las grandes corporaciones y compañías internacionales.
Panamá inició su participación en el TISA desde el 2012, con un equipo negociador que desde entonces viene laborando, según sus propios protagonistas de manera confidencial.
En algunos países, se da el caso de que ni los parlamentos o asambleas de diputados tienen conocimiento de los mismos y menos los sectores afectados, como en efecto lo son los servidores públicos y trabajadores de empresas locales.
Durante el Conversatorio Público, convocado conjuntamente por la Internacional de Servicios Públicos, la Federación de Servidores Públicos de Panamá, UNCUREPA y la Fundación Friedrich Ebert, se hicieron fuertes denuncias sobre el funcionamiento de las empresas que operan en Panamá bajo el paraguas de la privatización y de la tercerización, como en el caso de la compañía que maneja los corredores o autopistas, cuyas ganancias van directamente a los bolsillos extranjeros.
La elevada importación de productos alimenticios en manos de grupos empresariales es una realidad, ante la falta de regulación y la presencia en el sector de apadrinados por varios gobiernos. Esa situación perjudica notablemente al productor nacional y ha colocado cada vez más en peligro la seguridad alimentaria.
El control del agua, la electricidad, la construcción de carreteras, la sangre como un negocio estratégico, las pensiones de los asegurados, los temas de salud y la dotación de medicinas, todos dirigidos a engrosar el capital privado, forman parte de unas interminables actividades de servicio que a través de la privatización y de mascaradas, como la tercerización, continuarán expoliando fondos públicos hasta la saciedad, mientras no se les imponga un freno por parte de una sociedad organizada.
