El denominado “proceso revolucionario” y los tres períodos por los cuales atravesó

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General Omar Torrijos junto a campesinos, visualizando el desarrollo agropecuario. (Foto: Fundación Omar Torrijos).

Por Pedro Rivera
periodistas@laestrella.com.pa

El 11 octubre de 1968 se dio un golpe de Estado en Panamá. ¿Los conjurados, militares y civiles, tenían en agenda esa eventualidad antes de ejecutarla? Pocos lo saben. Pero el entorno de corrupción, el vacío de poder y los temores que infundía el recién electo presidente de la república, Arnulfo Arias, crearon condiciones objetivas y subjetivas para animarse a dar semejante paso.

Golpista de primera generación

Los militares golpistas no eran ideológicamente homogéneos. Había entre ellos “fascistoides”, anticomunistas confesos, izquierdistas moderados, al igual que castrenses de pura cepa, con poco o nada en la cabeza. La pugna entre las distintas facciones de la cúpula militar de esa “primera generación” se define a favor de Omar Torrijos en diciembre de 1971.

Segunda generación

Desde el punto de vista de los golpistas de segunda generación, de civiles y militares al mando de Torrijos, la democracia panameña era un fraude inserto en un Estado fallido y mediatizado por la instalación de una potencia extrajera en su territorio. Con razón o sin ella, afirmaban que el país desde su separación de Colombia, salvo muy contadas excepciones, estuvo gobernado por una oligarquía autocrática, corrupta, rancia, ambiciosa, antinacionalista, pro estadunidense, insensible y antidemocrática.

De igual manera amplios sectores de los grupos expulsados de poder, de las capas medias y depauperadas, calificaban a la dictadura recién instalada de asesina, cruel, corrupta, sanguinaria. Han pasado 46 años y todavía se habla de los “21 años de dictadura” sin distinguir los tres periodos por los cuales atravesó el llamado “proceso”. Lo grave es que confunden el “segundo”, encabezado por Torrijos, con el “tercero”, encabezado por Noriega.

1971: Arranca el proceso revolucionario

Torrijos en un giro inusual, inédito e insólito para una dictadura del tipo tradicional latinoamericano, después de purgar sus filas, convoca y suma al aparato administrativo y político a profesionales tanto de las llamadas “derechas” e “izquierdas”, empresarios como los primeros, o como los segundos: exdirigentes estudiantiles de diversas generaciones, sensitivos y conocedores por su origen social de las carencias materiales y culturales de la población menos favorecida.

¿Populismo o complicidad de clases?

La electrificación emprendida por el IRHE fue clave para afianzar el proceso revolucionario en Panamá.

Una de las primeras medidas que toma el gobierno de Torrijos, una vez desembarazado de sus antagonistas y de afianzarse en el poder, es congelar los cánones de arrendamiento en beneficio de los sectores más pobres, principalmente de las ciudades de Panamá y Colón.

En octubre de 1971 el autentificado “gobierno revolucionario” anuncia la aprobación de un nuevo Código de Trabajo, con el fin de regular las relaciones laborales y fortalecer el sindicalismo. Figuras jurídicas como la negociación colectiva, el derecho a huelga, el cierre de las empresas si las huelgas se declaren legales. El descuento obligatorio de la cuota sindical fortalece a las organizaciones obreras. Se organizaron más o menos 120 sindicatos al entrar en vigencia este código.

Y una de las medidas que impactó más a la sociedad: la creación del décimo tercer mes y el Plan de Urgencia (especie de subsidio a desempleados con la obligación de trabajar en las oficinas públicas)

Soberanía alimentaria

Seguidamente introduce la Reforma Agraria. Por un lado incentiva la producción agropecuaria de niveles empresariales. Por el otro promueve la partición del pobre y mediano campesino en los procesos de producción a partir del modelo de las ligas campesinas.

En esa línea, crea 208 asentamientos campesinos y juntas agrarias con el fin de abolir el “precarismo” improductivo, impulsar polos de desarrollo en las provincias más afectadas por la miseria, acrecentar la actividad agropecuaria, elevar la calidad de vida de la población interiorana.

Esa inversión también tiene el propósito de controlar las migraciones indeseadas del campo a la ciudad y evitar de esa manera el incremento de la marginalidad.

Se entregan 10.565 títulos de propiedad. Unas 7.246 familias se integran a esos programas. “Qué el país produzca lo que se come y coma lo que se produce” es la línea que traza.

La institucionalidad

El gobierno militar consideró imprudente reactivar la democracia en los términos tradicionales.

Los partidos políticos controlados por los grupos económicos-hegemónicos, según los gobernantes de facto, no garantizaban gobernabilidad. Adujeron que se necesitaba tiempo para crear un tipo de democracia incluyente que garantizara la participación directa y masiva de los ciudadanos en los asuntos del Estado y el reparto más equitativo de la riqueza.

Por otra parte, plantearon que era urgente integrar el territorio nacional y recuperar la vía interoceánica a través de nuevos tratados con Estados Unidos.

Para alcanzar esa diversidad de objetivos, los cabecillas de la insurgencia, según sus propias palabras, necesitaban tiempo. Y cambiar las reglas del juego.

Los 505 y la Constituyente

En función de los objetivos trazados, crearon la “Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos”, una estructura administrativa de carácter comunitario pero con poderes legislativos extraordinarios-transitorios a nivel nacional.

En ella que participaban los llamados “representantes” de cada estructura básica del país, ricos y pobres, en igualdad de condiciones.

Los miembros de esta Asamblea, escogidos por el 92% de la población electoral, suscribieron la Constitución Nacional de 1972 vigente, con modificaciones, hasta el día de hoy.

Infraestructura

En ese periodo se construyó Tocumen y otros aeropuertos, el Centro de Convenciones ATLAPA , el Puerto de Vacamonte, una fábrica de cemento, un ingenio azucarero, la Biblioteca Nacional. Se crearon varios nuevos ministerios, el Banco Hipotecario.

En 1972, Omar Torrijos nacionalizó la generación de energía eléctrica. Se construyeron las hidroeléctricas de Bayano, La Estrella y Los Valles y se preveía, entre otras, la construcción de la hidroeléctrica La Fortuna.

Centro Financiero Internacional

El Centro Financiero Internacional, cuyo papel en el desarrollo económico y social de Panamá y la Comisión Bancaria se crean durante el llamado régimen torrijista. A través de una Corporación Financiera Nacional (COFINA), el Estado apoya proyectos prioritarios en el área de la producción. Ese sistema opera exitosamente y con gran rentabilidad hasta nuestros días

Datos estadísticos

Durante ese período se priorizó la salud preventiva. Entró en vigencia el concepto “salud igual para todos”. En los 10 años del llamado “proceso torrijista”, proceso que en realidad duró 10 años, (de 1971 a 1981, no más) se construyeron 300 sitios de salud en las áreas rurales. La mortalidad infantil se redujo de 59, en 1965, a 21 por cada 1,000 habitantes. El número de médicos se amplió en un 60%. En 1961, el 25,1% de la población era analfabeta. En 10 años se redujo al 13,2%

Se amplió la red vial. Se construyeron 14 avenidas sólo en la ciudad de Panamá, entre otras las Ricardo Alfaro y Once de Octubre, Emergieron nuevas barriadas: Don Bosco, Santa Librada, Villa Lorena Montería, San Joaquín, San Pedro, Roberto Durán, Los Libertadores, Cerro Batea y muchas otras. En fin. Se construyeron centros de salud y escuelas a lo largo y ancho del país.

Una sola bandera

Sin duda, lo más significativo de este periodo fue la firma de los tratados que devolvieron a Panamá su recurso natural más importante, el desmantelamiento de las bases estadunidenses, y la integración del Estado nacional.

Dos preguntas quedan en el aire. ¿Valió la pena? ¿Cómo sería el Panamá de nuestro tiempo, si las cosas que ocurrieron en ese capítulo de la historia panameña no hubiesen ocurrido?

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