EDITORIAL: Las áreas revertidas, el patrimonio desgajado

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Las áreas revertidas, el patrimonio desgajado

Cuando en 1979 el gobierno panameño inicio el proceso de recuperación de las áreas adyacentes al Canal de Panamá, el general Omar Torrijos previno a la población sobre el riesgo de sustituir a los amos blancos por amos chocolates. Esa forma coloquial de referirse a la necesidad de respetar el compromiso soberano, anticipó la aplicación de un mecanismo que desgajó el territorio recuperado de la antigua Zona del Canal de Panamá.

En las últimas tres décadas, la población panameña ha sido testigo de la desarticulación de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), cuya misión era custodiar, dirigir y regular los usos de los sectores, según su vocación y utilidad de los suelos, bajo el enfoque de mayor uso colectivo posible. Sin embargo, ese principio fue progresivamente desdibujado y sustituido por un enfoque utilitario, que permitió poner en venta bienes patrimoniales.

A finales de 2005, la ARI fue desmovilizada. Un año después se produjo la creación por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR). La nueva unidad se dedicó a facturar y a organizar subastas periódicas para la adjudicación de bienes en áreas de la vía interoceánica. Como producto de ventas y arrendamientos, entre los años 2005 y 2010, suministró al Estado panameño ingresos económicos que superaron los 127 millones de balboas, Sin embargo, esas operaciones, inspirada en los negocios, carecieron de una estrategia de desarrollo social. Familias acaudalas y empresas del capital financiero y del ámbito logístico hicieron su agosto en diciembre, al acceder al control y manejo de tierras y aguas.

La ampliación de la vía acuática para acoger a buques de nueva generación “neo Panamax” ha intensificado las presiones para que este país ceda a las multinacionales su rico patrimonio canalero, en lo que se configura como una estrategia de despojo y pérdida del ejercicio soberano. La historia de luchas populares y la aspiración de utilizar las áreas revertidas a beneficio de las mayorías, ha sido subordinada al dictado de grupos económicos excluyentes que privilegian las inversiones inmobiliarias, portuarias y logísticas. Nuevas alambradas y letreros de “No Pase” dominan el escenario.

La lucha de los panameños para recuperar la memoria colectiva y decidir su destino, pasa, necesariamente, por el respeto a su patrimonio. No puede ser de otro modo, ante la explotación y el saqueo cubierto por un manto de olvido y la disimulada voracidad del capital financiero que transformó a las áreas revertidas a Panamá en una especie de caja registradora para su propio peculio, al margen de las necesidades de desarrollo nacional.

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