La Ciudad de Panamá prisionera del desgreño
La Ciudad de Panamá se apresta a conmemorar, en 2019, los 500 años de fundación a orillas del Océano Pacífico, pero atrapada en un crecimiento inmobiliario desordenado, con embotellamientos coifianos, mega obras de ingeniería inconclusas, y un 75 por ciento de construcciones ilegales que sacrifican el paisaje, elevan el riesgo de derrumbes y quitan calidad de vida a los habitantes.
Con un distrito financiero envidiable y, al mismo tiempo inmanejable por problemas de saturación de tráfico, Panamá emerge a la vista de los residentes y viajeros como ejemplo palpable de la falta de planificación. La urbe fue sometida durante años a la presión de la antigua Zona del Canal, que dio a la metrópoli una forma alargada y singular, e interfirió con su sostenibilidad, pese a la antigua vocación interoceánica del territorio.
De hecho, el último plan estratégico en ejecución en materia de desarrollo urbano, data de 1990, fundamentado en estudios previos a la invasión de Estados Unidos a Panamá, cuando el déficit de soluciones habitacionales era de unas 200.000 viviendas.
En la metrópoli, se combinan los rascacielos y la precariedad, pero también un “boom inmobiliario” que difícilmente puede ser sometido a un control oficial estricto, debido a la escasez de inspectores municipales para verificar el cumplimiento de las normas y los planos en cada proyecto. Las concesiones del Estado a grupos económicos privados y la usurpación del espacio público han generado una situación de voracidad e inseguridad en la urbe.
Cerros de denuncias contra malas prácticas de arquitectos y empresas contratistas están depositados en cestos en la Dirección de Obras y Construcciones municipales, en espera de ser examinados. Mientras ello ocurre, crece la venta de vehículos y aumenta el caos urbano para llevar a la ciudad a un colapso inducido por un modelo insostenible, que complica la movilidad de los ciudadanos y provoca pérdidas millonarias a la economía de este país.
En 2015, fueron vendidos en Panamá unos 64.737 vehículos, mientras que en el 2014 habían sido distribuidos unos 60.306. Las cifras revelan un fenómeno desproporcionado de apuesta por la propiedad individual vehicular en áreas urbanas, respecto a la cantidad de carreteras construidas, y a un sistema de transporte público masivo, rápido y eficiente de pasajeros, para conectar a las terminales con las comunidades más distantes.
Envuelta en basura, litigios territoriales y un pobre seguimiento administrativo de las leyes ambientales, la urbe de cinco siglos de historia da muestras de agotamiento y falta de dinamismo, y podría perder la segunda posición que obtuvo en la versión 2013, de la clasificación de Ciudades más Competitivas de América Latina, a causa del desorden, la burocracia y la incompetencia.
