Hay que vacunar a la Salud Pública contra la ruina
El progresivo deterioro de la Salud Pública en Panamá es percibido por la población como un hecho coyuntural y transitorio, pero esa visión superficial es incompleta. En realidad, es el resultado de la aplicación de una receta conceptual inspirada en la privatización de los servicios del Estado, lo que permitiría transferir a grupos económicos nacionales y extranjeros infraestructuras, servicios y derechos administrativos de gran importancia.
La aplicación de esa fórmula fue iniciada bajo gobiernos militares de derecha en Argentina y Chile, y tuvo efecto notorio sobre la esfera sanitaria y el acceso a la Educación, lo que redujo la capacidad rectora y de gestión del Estado. Las consecuencias fueron onerosas y tuvieron un efecto negativo en el Índice de Desarrollo Humano de comunidades pobres, desprotegidas, aisladas y desguarnecidas.
Pese al visible deterioro, algunos no alcanzan a entender todavía el trasfondo de las largas filas y la falta de atención en policlínicas y hospitales, como San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito. Otros, se preguntan por qué las farmacias de los Centros de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS) están desabastecidas de medicamentos. Las respuestas frecuentes eluden el hecho de que el modelo se ajusta a un libreto neoliberal, en el que el Estado cede responsabilidades a grupos concesionarios y se desprende de la atención de calidad a la población mayoritaria, que debe pagar por esos servicios y separarse de los beneficios colectivos.
Ante la falta de mecanismos de resistencia de una población poco organizada para acometer la defensa de los derechos básicos, el mercado imposiivo ha terminado por disipar al concepto de Salud Igual para Todos, en el que las comunidades rurales se convirtieron en la década de 1970 en administradoras de una iniciativa solidaria, que abarcaba el suministro de agua potable a los hogares y el desarrollo de huertos comunitarios y campañas para la inmunización gratuita a favor de la población infantil rescatada de la desnutrición.
Los agentes económicos identificados con el capital financiero han diseñado un plan excluyente, al que no están invitados a participar los sectores populares. Además, el plan busca restar fuerza a los gremios médicos y profesionales de la Salud, y utiliza como pretexto la supuesta falta o limitación de recursos para tratar de justificar la tercerización de servicios. En ese proceso, los sectores vulnerables y empobrecidos se quedan sin opciones. Ante el aumento de los casos de enfermedades emergentes, manifiestan su malestar en los centros hospitalarios empobrecidos, condenados al hacinamiento y arruinados en forma deliberada, sin obtener la atención necesaria.
El modelo económico neoliberal es responsable de la depredación de los recursos del Estado, de la desnaturalización de las conquistas sociales y soberanas, y de la pérdida de la Salud de la población. Es necesario entenderlo, para poder diseñar un frente de convergencia contra los que hipotecan el futuro de los panameños y condenan a las nuevas generaciones a la ruina. Hay claras señales de alerta que deberían concitar un fuerte llamado a preservar la Salud Pública, como un principio irrenunciable y requisito para el desarrollo social.
