¿Fracasó el esquema?
Bayano reaparece 27 años después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. La población panameña requiere un balance que explique si se justificó o no aquella matanza, si se lograron las metas sociales prometidas, y si se puede aseverar, sin ambages, que cualquier cosa es peor que un sistema como el actual. No todo el tiempo se duerme en paz y se despierta en medio de las bombas y balas de un invitado a matar nacionales… “para mejorar el futuro”.
Dos cosas sobresalen hoy: las perspectivas de desarrollo desatadas por la incorporación del Canal de Panamá a la economía, y en contrasentido, la cada vez más abismal relación entre una minoría arrogante y engreída que controla la mayor parte de los beneficios derivados de esa realidad, y una mayoría que, tras los sacrificios que garantizaron la conquista de la soberanía nacional, sigue transitando entre la incertidumbre y la desdicha…aunque algunas figuras hablen de una supuesta reducción de la pobreza.
No en vano los informes de los organismos internacionales revelan que los indicadores de Panamá, junto a Brasil, constituyen las más amplias y notorias diferencias entre ricos y pobres. Pero, ¿no que tras la invasión estadounidense serían corregidos esos problemas? En todo caso, conviene repreguntar: ¿para qué era la democracia?
Independientemente del discurso oficial promovido por los poderes facticos, Panamá es escenario de la segregación indígena, de las enormes diferencias entre el campo y la ciudad, y de la insatisfacción de capas medias intranquilas que no encuentran certeza ni estabilidad en las posibilidades de desarrollo humano.
Inseguridad pública, incremento en el costo de la vida, un sector agropecuario empobrecido, corrupción a todos los niveles, desconfianza en la transparencia de la administración de justicia, crisis educativa, desatención a los problemas sociales y de
infraestructuras, deficiencia en la producción nacional de agua potable y una notoria ausencia de democracia participativa, caracterizan, entre otras cosas, al Panamá de hoy.
Hace días, el presidente Juan Carlos Varela incrementó en forma sustancial el sueldo de los comisionados de Policía, mientras que la seguridad pública sigue en entredicho, a razón de tres muertos por día, dos de ellos causados por una delincuencia incontrolable. Parece que la posibilidad de que ese cuerpo armado cumpla su deber, está sujeta a la condición de una buena compra, y no a título de los deberes constitucionales que se le imponen.
La medida gubernamental genera interrogantes más allá de los cargamentos de droga interceptados y de la custodia policial de negocios en Panamá. De hecho, el de Varela, es el tercer gobierno que de manera consecutiva ha hecho cada vez más relevante el papel de los uniformados en la cuestión nacional. De alguna manera, hay un retorno a la institución destruida a punta de bombazos en 1989, o que la necesidad de controlar la delincuencia permita posponer el publicitado temor al golpismo militar. ¿Será que a cambio del aumento de sueldos, los militares juraron lealtad a Varela, o que la clase dirigente –tanto como la estrategia norteamericana–, concluyeron que este país no puede estar sin ejército?
Bueno sería saberlo. Los estamentos de seguridad incrementaron su pie de fuerza, sus equipos y armamentos, y cada vez sirven de mayor apoyo al gobierno en la administración del país. ¿Está de vuelta el ejército? Y de ser así, ¿cómo explican eso los civilistas en el poder? ¿O es que fracasó el esquema impuesto en 1989?
