EDITORIAL: Elección de magistrados pone a prueba el sistema de Justicia

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Elección de magistrados pone a prueba el sistema de Justicia

A casi a un mes para el nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que sustituirán a los magistrados Harley Mitchell y Nelly Cedeño, quien reemplazó a Víctor Benavides, son más los cuestionamientos de falta de transparencia y el método escogido para la selección, que la atención a las repercusiones que tendrá ese hecho.

El Movimiento Independiente (MOVIN), junto al Pacto de Estado por la Justicia ha dado sus opiniones en ese primer filtro de diez aspirantes de una lista de 163 que entregaron su documentación para aspirar a tan importante cargo en ese Órgano del Estado panameño.

Este método, cuestionado desde sus orígenes por el Colegio Nacional de Abogados (CNA) y las organizaciones sociales, por considerarlo un procedimiento de selección excluyente, hace crisis con la selección de los 10 del primer filtro. El CNA decide retirarse del proceso de entrevista y selección, debido a interferencias de MOVIN, que intentó instaurar un proceso paralelo de entrevistas.

El proceso queda marcado por la falta de transparencia y la aplicación de un verdadero show mediático, al margen de un método participativo, abierto y democrático. Lo que realmente busca, es legitimar a candidatos del gobierno. Ello hace daño y pone en peligro la institucionalidad del Pacto por la Justicia, ya que un proceso de ese nivel, sin la presencia del CNA, pierde legitimidad.

Si bien es cierto que la Constitución faculta al presidente para seleccionar a los magistrados de la CSJ, esa apertura de someter al escrutinio público el escogimiento, ha traído “más sombras que luces”, ya que es sabido que el Ejecutivo tiene sus candidatos.

Todos saben que MOVIN se transformó en una asociación de empresarios con aspiraciones políticas, y que al momento de la selección no tendrán una apreciación objetiva. Las declaraciones del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, cuando anunció el método para decidir sobre los magistrados, confirmó la visión sesgada, al darle un derecho exclusivo a una organización empresarial disfrazada de “sociedad civil”, y no a aquellas que responden al genuino clamor ciudadano.

Hay que aprender de la historia reciente, al ver lo que sucede con los magistrados amigos de los poderosos. Lo ocurrido al magistrado Alejandro Moncada Luna, quien fue destituido del cargo y llevado a prisión tras confesar los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica, es vivo ejemplo de lo que no se debe hacer al frente de posiciones claves en el Estado.

El presidente de la República debe llevar los nombres de dos candidatos seleccionado al Consejo de Gabinete, para la respectiva aprobación, y ser remitidos a la Asamblea Nacional de Diputados para la ratificación. Ojalá que imperen los intereses de un “Panamá Primero”, en vez de los poderes empresariales y mediáticos.

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