- El actual registro es de 37.000 casos, mientras en agosto de ese año era de 22.000.
- La mayoría corresponde al fuero común; Tamaulipas, estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, las entidades que concentran más víctimas.
- Seis de cada 10 son jóvenes.
Por Fabiola Martínez
Periódico La Jornada (México)
El registro de personas no localizadas en el país tiene actualmente 37.435 expedientes, 40 por ciento más de lo reportado en 2014.
La mayoría (36.265 casos) es responsabilidad de procuradurías y fiscalías estatales. De este apartado (denominado fuero común), cinco entidades concentran poco más de la mitad de los casos: Tamaulipas, igualmente imparable en años recientes, se acerca a los 6.000 asuntos por aclarar; estado de México reporta un acumulado de 3.890; Jalisco, 3.362; Sinaloa, 3.027, y Nuevo León, 2.895.
Del lado federal, cuya investigación corre a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), también hay aumento. Hace tres años no rebasaba el millar y ahora son 1.170 carpetas.
Ahí, tres entidades concentran casi 60 por ciento: Guerrero, con 325 (incluidos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014); Veracruz, con 207 personas cuyo paradero se desconoce, y Tamaulipas, con 141.
En agosto de 2014, funcionarias del gobierno federal dijeron que se contaba en ese momento con un registro de 22.322 personas en estatus de no localizadas.
Mariana Benítez, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, indicó que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto recibieron una base de datos integrada por 26 1.121 nombres, la cual, una vez actualizada, llegó a 29.707. En el primer tramo de esta administración se localizó a 17.175 personas, por lo que continuaba la búsqueda de 12.532.
A esa cantidad debió sumarse el acumulado del primer periodo del sexenio, de ahí que el pendiente de localización era de 9.790.
Es por ello que en el segundo año del sexenio, el reto era esclarecer el paradero de al menos 22.000 personas.
La funcionaria señaló que la base de datos que recibieron al inicio de este gobierno no estaba depurada ni actualizada.
A partir de entonces, la cifra siguió en ascenso constante y no se ha dicho si ya ha sido depurada. Por ejemplo, en octubre de 2015, la suma fue de 26.670 personas no localizadas, 3.400 más que un año antes y así sucesivamente.
Desglose por edad y género
Por rango de edad, seis de cada 10 personas desaparecidas (del fuero común) son jóvenes en la franja de 15 a 39 años de edad.
Hay 5.322 jóvenes no localizados de entre 15 y 19 años, mientras los de 20 a 24 son 4.639.
El siguiente rango de edad (25 a 29) es el que tiene más expedientes: 4.688.
A partir de la franja de 40 años, la cantidad de personas no localizadas va en descenso; aún así, hay 1.603 personas de la tercera edad en la misma situación y, en el lado opuesto, 530 pequeños, de cero a cuatro años; medio millar de cinco a nueve, y casi 2.000 niños y adolescentes entre 10 y 14 años.
Por género, la mayoría de los desaparecidos (fuero común y federal) son varones.
Por nacionalidad, casi todos son mexicanos, pero hay 384 extranjeros y 2.056 cuyo origen no se especifica.
Los datos anteriores son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información que le entregan fiscalías estatales y la PGR.
La estadística más reciente tiene corte al 30 de abril pasado y fue difundida el 1 de junio.
La cifra crece sin parar; comparado con el corte de enero, se han sumado poco más de 2.000 expedientes, pese a la entrada en vigor de la primera ley general de desaparecidos, promulgada en noviembre pasado y en actuación 60 días después.
Es decir, se inició el año con un nuevo marco legal, pero falta generar sus herramientas, principalmente la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, el cual deberá quedar instalado en los próximos días.
La primera tarea del sistema será emitir los modelos para la localización de las personas.
La Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, según establecen los transitorios de la citada ley general.
