Defensa prioritaria del patrimonio nacional

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Despojada de importantes activos que asegurarían su fortaleza en un futuro inmediato, la nacional panameña luce desprotegida, huérfana de liderazgos y proyectos estratégicos que impidan el drenaje de los principales recursos estatales. Esa debilidad fue inducida en los últimos 20 años por una clase dominante rentista, responsable del saqueo de las arcas, una corrupción sin límites y un progresivo endeudamiento externo que aumenta el grado de dependencia.

La codicia se convirtió en patente de corso en la administración pasada, en la que el pillaje, la coima y los abusos se impusieron con un aberrante modelo clientelista. Robar a manos llenas se hizo hábito en un gobierno que sobrepasó los poderes del Estado para asentar la plutocracia. Jamás hubo límites para el derroche. A ello se debe el hecho de que los bienes canaleros defendidos por varias generaciones sean desde entonces blanco de grupos económicos.

El concepto del uso más colectivo posible de las tierras y aguas de la antigua Zona del Canal, recuperadas a partir de la vigencia de los Tratados del Canal “Torrijos-Carter”, representan letra muerta para sectores ávidos de riquezas que rodean al gobierno. Ahora, el lenguaje oficialista está cargado de referencias a los megaproyectos en el territorio por el que dieron la vida los mártires del 9 de Enero de 1964. En ese paquete de usurpación no hay una sola alusión a los programas de desarrollo social en las áreas revertidas.

Para colmo de males, la impunidad ha sido instaurada en un sistema de justicia que sólo penaliza a los pobres y es incapaz de devolver a las arcas del Estado los más de 4.000 millones de dólares que fueron succionados a este país en el último quinquenio, mientras que miles de seres humanos se debaten en la pobreza y la precariedad. Es evidente que no hay voluntad para enderezar los entuertos a través de acciones que resarzan el daño causado por la corrupción.

El drama social se entrelaza con el abandono del apoyo estatal al sector agropecuario, el incremento de la violencia y una desolación en materia de propuestas políticas, además de una economía en dificultades a causa de la falta de estrategias nacionales de desarrollo humano. De hecho, la deuda pública de Panamá aumentó 1.544 millones de dólares el último año. En 2017, los compromisos del Estado alcanzaron los 22.959 millones y siguen en aumento.

Pero no toda la culpa de ese desgreño es atribuible al gobierno. Parte de esa responsabilidad, es de los intelectuales progresistas ausentes en el debate del movimiento social panameño, cuyas direcciones no supieron crear y orientar a las fuerzas necesarias para contener a los depredadores del patrimonio nacional. Es momento de actuar en forma organizada, para identificar los puntos de coincidencia en un programa mínimo de lucha y dar sentido al proyecto de nación. Esa es una tarea con sentido unitario que no puede quedar al garete.

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