Colisión entre grupos financieros y ambientalistas

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Una colisión de intereses aflora en el conflicto en la cúspide del Ministerio de Ambiente, sometida a presiones externas para la ejecución de proyectos millonarios que pasan por el control de la posición geográfica de Panamá. Era sólo cuestión de tiempo para que surgieran diferencias administrativas aceleradas por el grave expolio y el brutal acaparamiento de las tierras nacionales.

Para nadie es un secreto que el gobierno de Panamá ha negociado en el extranjero acuerdos económicos que tendrán impacto en el ecosistema. Por ello, más allá de la enemistad, la inmadurez y la aparente falta de entendimiento entre funcionarios de alto rango en la esfera ambiental, la realidad es que no hay reconciliación posible entre el desarrollo sostenible y el modelo extractivista.

Durante el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hubo un descarado intento de reducir a su mínima expresión a los organismos protectores del ambiente, cuyas funciones fueron desbordadas por las devastaciones en zonas de manglares para imponer megaproyectos inspirados en la codicia y voracidad de los grupos subordinados al capital financiero.

El escándalo generado por el acaparamiento de tierras, aguas y el desplazamiento de poblaciones indígenas, desembocó en varios enfrentamientos armados en diversos puntos del país, así como en actos de represión por parte de una Policía Nacional que volvió a convertirse en brazo ejecutor de la oligarquía. Las contradicciones subyacen en el conflicto surgido en el Ministerio de Ambiente.

La lucha por la defensa ambiental no es exclusiva de Panamá. En Centroamérica, hay una intensiva oleada de acaparamiento del patrimonio natural, pero también fuerte resistencia comunitaria a la minería a cielo abierto y al despojo. En ese sentido, conviene recordar a la defensora del río Lempa, Berta Cáceres, asesinada en Honduras por matones al servicio de poderosos consorcios.

Los conflictos encarnados en la cúpula oficialista en Panamá, en materia ambiental, no son simples querellas entre jefes de oficina. De hecho, ese tema adquiere notoriedad en el Ministerio de Ambiente cuando deben ser examinados los futuros Estudios de Impacto Ambiental (EIA), de proyectos que fueron negociados con premura y en silencio, en espera de inversiones extranjeras.

Es posible esconder el trasfondo de ese bodrio en un país fácil y de pernas abiertas, que espera ser reconquistado por filibusteros poseedores de baúles repletos de dinero. Pero es imposible ocultar al mundo y al relevo generacional el despojo en áreas protegidas. El movimiento popular debería reagruparse sin demora en defensa de la soberanía vulnerada por los usurpadores del ambiente.

Todos deberían saber que sin territorio no hay país y que no habrá paz para nadie mientras haya colonialismo ambiental. La rica biodiversidad no estará segura bajo un modelo que privilegia el dominio arbitrario de las fuentes hídricas, la expulsión de sus territorios de los pueblos originarios y la represión instaurada por los poderes fácticos para silenciar a las voces contestatarias.

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