Claves para una audaz política agropecuaria y rural están en el Desarrollo Económico Local

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El sector agropecuario demanda políticas públicas coherentes.

Por José Bernardo González
Ingeniero Agrónomo y Economista Agrícola gonzalez.
josebernardo@gmail.com

Las políticas públicas para el sector agropecuario en Panamá, incluidas las demandas de los agricultores y acuerdos alcanzados hasta ahora, no han resuelto la baja rentabilidad de los productores nacionales y su débil articulación con los mercados. Tampoco han solucionado la construcción de una visión a largo plazo para atender los desafíos de la agricultura y el desarrollo rural, lo que se convierte en un asunto pendiente en la definición de objetivos nacionales.

Diversas leyes han sido aprobadas en este país para incentivar al deprimido sector agropecuario. Esas legislaciones privilegian asuntos sub-sectoriales y presuponen que la situación de los mercados y productos se va a mantener o que la sociedad está dispuesta a pagar por la ineficiencia en la cadena proveedores de alimentos. Sin embargo, el problema medular no es abordado con seriedad por el Estado para encontrar soluciones efectivas.

Hay una preocupación legítima de la población para que sea atendida la política agrícola, por un lado, y la pobreza y el crecimiento por el otro. No obstante, es necesario cambiar los paradigmas de diseño para que esas soluciones sean sustentables y garanticen que los productores sigan en la actividad, pero también mejoren la situación de la sociedad.

Entre tanto, el gobierno central trata de paliar las reclamaciones de los productores, no sólo tratando de cumplir los convenios internacionales o manteniendo los beneficios que trae la apertura de los mercados a los sectores mejor posicionados de la economía, sino también con los productores, llegando a acuerdos coyunturales de comprarles la producción, empujando hacia adelante las verdaderas causas de los conflictos y convirtiéndose en un ciclo permanente de tensiones sociales, sin llegar a soluciones de largo plazo.

Aunque la agricultura es una pieza clave en las políticas para garantizar la seguridad alimentaria y generar ingresos económicos a los productores y trabajadores agrícolas, la actividad como empresa no puede resolver por sí misma los problemas de competitividad y desarrollo que pretende añcanzar, como una actividad aislada del territorio en el cual está establecida.

No sólo a lo interno de la empresa agrícola se debe buscar la competitividad. La misma está supeditada a los actores externos, como otras empresas, instituciones, bienes públicos y mercado laboral. En otras palabras, la empresa no compite de forma aislada, sino que lo hace la red empresarial y la cadena productiva en la cual se inserta, así como el territorio donde se localiza ese conjunto de actores e instituciones que integran dicha cadena productiva. A pesar de esa realidad, las actuaciones del estado han sido genéricas, por lo que impiden incorporar en ellas los rasgos específicos de los diferentes territorios y sus sistemas productivos locales.

El enfoque de desarrollo económico local atiende esa visión del desarrollo desde la comprensión del territorio. Es una alternativa al tipo de políticas asistenciales y la lógica dependiente de subvenciones, tratando con ello de incidir en la generación de empleos y renta, derivados de una mejora en la productividad y competitividad de los diferentes sistemas productivos locales.

Es necesario entender que los sistemas productivos locales son unidades de análisis territorial para el diseño de políticas, en que las economías de la producción interna a las empresas se entrelazan con las economías externas locales, superándose así el análisis según tipos de empresas, ya que lo importante no es tanto el tamaño sino la interacción entre las mismas y los diferentes territorios.

De ese modo, junto a las relaciones económicas y técnicas de producción son esenciales para el desarrollo económico las relaciones sociales, el fomento de la cultura emprendedora local, la formación de redes asociativas entre actores locales y la construcción de capital social.

Ello significa transitar, por ejemplo, desde subsidios, incentivos y entrega de bienes privados que pretenden resolver el problema de la renta individual de la empresa agrícola, hacia políticas territoriales de desarrollo económico, fortaleciendo el tejido productivo, el conocimiento, la innovación, la articulación con los mercados y el sector laboral, que no sólo elevarían los ingresos de unidad agropecuaria, sino que ayudarían a mejorar el ingreso económico y el empleo de los habitantes, así como el sistema productivo.

Ese enfoque también exige una actuación decidida desde las instancias públicas territoriales, lo que hace obligatoria la incorporación en las políticas, estrategias y programas a los gobiernos locales. Por tanto, la descentralización no podrá limitarse únicamente a mejorar la capacidad de gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a ellos, sino que deberá incorporar su nuevo papel de animadores y promotores del desarrollo económico local con los demás actores territoriales.

En conclusión, se requiere un cambio en la forma de atender al sector agropecuario y la pobreza rural, desde un reconocimiento de que no es posible solucionarlos solamente con la mirada de la empresa agrícola y su competitividad interna, sino que es necesario interpretarlo como un sistema complejo.

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