- El consumidor panameño está desguarnecido ante la falta de la efectiva protección de derechos, respecto a la venta en el mercado local de dispositivos móviles defectuosos que son importados desde distintas partes geográficas del mundo.
- Los organismos reguladores creados tras el proceso de la privatización en Panamá tienen una acción limitada y una tenue participación supervisora frente a abusos cometidos por prestadores del servicio de telefonía móvil celular.
Por David Carrasco
El 31 de marzo, una funcionaria de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) se negó a recibir una solicitud para iniciar una investigación de oficio contra la multinacional Cable & Wireless por la venta de celulares Moto G de la marca Motorola (tercera generación), cuyo software bloquea el sistema del mismo aparato, en perjuicio del usuario, lo que se traduce en vicios ocultos que deben ser ventilados sin dilación.
La respuesta negativa de la funcionaria asignada al área de quejas de ACODECO no tendría nada raro si fuese una respuesta personal, pero su posición se deriva de directrices emanadas de altos mandos que prefieren tomar distancia de potenciales conflictos con grandes empresas, para asumir un papel de “amigables componedores” de querellas, en vez de ir al fondo de los problemas que vulneran derechos esenciales y se traducen en violaciones legales.
Al respecto, el secretario general de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), Pedro Acosta, manifestó a Bayano digital que “desde hace tiempo se sabe que a Panamá llegan equipos defectuosos que son vendidos a los consumidores, y luego quienes facturaron y suministraron los aparatos de comunicación inalámbrica no reconocen la garantía a favor de los compradores, y buscan mecanismos para evitar sustituir dispositivos con problemas, por otros”, como es su obligación.
Acota lamentó que ACODECO se haya negado a iniciar una investigación de oficio contra la introducción a Panamá de celulares defectuosos y subrayó: “esto no puede ser. Hay que respetar a la gente, sobre todo si hay vicios ocultos. Además, cuando una empresa telefónica vende un celular que esta defectuoso, es ella la que debe reponerlo, y no enviar al cliente a un taller ajeno para quitarse de encima la responsabilidad que le compete”.
“En Panamá, no se pueden dar garantías menores a las que dan los fabricantes de equipos, incluidos los celulares”, indicó Acosta en un enérgico llamado de atención a la ACODECO y a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) para que ejerzan funciones en forma cabal a favor de los consumidores y detengan los frecuentes abusos y estafas cometidos por agentes económicos que concurren en el mercado de la telefonía móvil celular en este país.
De enero a noviembre de 2015, ACODECO recibió 109 quejas por problemas con celular de las marcas Samsung, LG, Sony, y otros (Nokia, Apple, Hyundai, Huawei, Hi Sky). Por su parte, la ASEP tuvo 214 reclamos en materia de telefonía al cierre del 2016, lo que representa el nueve por ciento de total de 2.324 casos ventilados por distintos servicios en Panamá, donde hay más de 6,9 millones de abonados a la telefonía celular. Sin embargo, esas cifras representan una fracción de casos, muchos de los cuales no son denunciados por falta de confianza en os trámites en el sistema de justicia.
Casos aleccionadores
En septiembre de 2016, la empresa coreana Samsung anunció el retiro del mercado de todos sus teléfonos Galaxy Note 7, tras detectar que las baterías de algunos dispositivos explotaban durante la carga. Koh Dong-jin, presidente de la filial de celulares de Samsung, anunció que esos dispositivos serían retirados en 10 países, entre ellos Estados Unidos, y que clientes que ya tenían uno, podrían cambiarlo por un nuevo smartphone en unas semanas. Ello es precisamente lo que debería ser aplicado en Panamá, con celulares sospechosos de otras marcas que deben ser reemplazados ante dificultades similares que no pueden ser atribuidas a clientes.
Acosta preciso que al negarse a iniciar una investigación de oficio, ACODECO tampoco se ve en la necesidad de someter los celulares denunciados a un laboratorio electrónico en busca de evidencias. Añadió que ese es un tema pendiente que obliga a plantear en este país la separación de las funciones de Defensa del Consumidor y de Libre Competencia, ya que tarde temprano terminan en una colisión de intereses económicos a la luz de derecho.
Reseñó que UNCUREPA insta a todas las personas afectadas a defenderse de los abusos, pero también a escribir a los fabricantes, para conocer a fondo lo que ocurre con una determinada marca o modelo de celular que enfrente problemas. ACODECO también debería hacer llegar a la población las alertas internacionales y actuar con rigor para amparar a los más vulnerables, cuando sean detectadas marcas de aparatos con fallos de fabricación, importados o adquiridos en grandes lotes por distintos proveedores.
Acosta destacó que 1 de abril empezó a regir en Panamá la Resolución AN No. 10817-Telco de la ASEP, que prohíbe la comercialización de los equipos terminales móviles bloqueados, en la República de Panamá, para ser utilizados en las redes móviles existentes en el país. Indicó que la medida es útil, pero advirtió que es necesario crear los mecanismos necesarios para que esa decisión no favorezca la venta de celulares robados a usuarios. Asimismo, exhortó a los consumidores a elevar su voz y a no resignarse jamás frente a los atropellos y trabas en el mercado.
